Gobierno oficializa mecanismo de servicios por impuestos para ejecutar intervenciones ante fenómeno El Niño
El Gobierno de Keiko Fujimori oficializó el mecanismo servicios por impuestos para ejecutar intervenciones ante el Fenómeno el Niño. El decreto de urgencia Nº 010-2026 fue publicado en una edición extraordinaria de Normas Legales, este miércoles 2 de septiembre.
El documento detalla que estas medidas serán de caracter extraordinario y temporal, en amateria económica y financiera. De esta manera, se busca habilitar la ejecución de Servicios e Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición de emergencia (IOARR).
Según la disposición, también se buscan asegurar la continuidad de los servicios esenciales y evitar perjuicios económicos mayores o elevados costos fiscales asociados a una eventual reconstrucción. La normativa se aplicará a:
- Entidades públicas que prioricen y ejecuten servicios habilitados en el marco de este Decreto de Urgencia.
- Empresas privadas supervisoras y otros actores que intervengan en las distintas fases del mecanismo de obras por impuestos.
La presidenta Keiko Fujimori había adelantado, horas atrás, que su gestión iba a aprobar este mecanismo. “Hoy se está aprobando una herramienta importantísima que va a permitir ponerle más velocidad a estos trabajos: Servicios por Impuestos. A través de esta herramienta vamos a poder trabajar mucho más rápido con la convocatoria que se hará al sector privado”, mencionó.
¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS?
Entre las principales medidas que indica el decreto, se autoriza a las entidades públicas a priorizar y ejecutar servicios relacionados con la prevención, respuesta y rehabilitación ante el Fenómeno El Niño. Cada sector competente deberá aprobar, mediante Resolución Ministerial y en un plazo máximo de cinco días hábiles, la lista de servicios que podrán ejecutarse bajo este mecanismo.
Asimismo, se simplifica la fase de priorización. En el caso de universidades y gobiernos regionales y locales, la lista de priorización será aprobada mediante resolución del titular de la entidad, con cargo a informar al consejo de la universidad o de las municipales correspondiente en la sesión posterior.
También se autoriza la contratación directa para seleccionar a las empresa privada a cargo de las intervenciones. El titular de la entidad pública deberá autorizar este procedimiento mediante resolución, previo informe técnico y legal, dentro de un plazo de cuatro días hábiles. Posteriormente, un comité especial invitará a dos o más compañías a presentar sus propuestas en un plazo de cinco días hábiles. Luego de evaluar la oferta económica y verificar el cumplimiento de los requisitos, se adjudicará la buena pro.
En la única disposición complementaria transitoria se establece que las disposiciones de este documento se aplica a los procedimientos que se inicien hasta el 31 de diciembre del 2027, hasta su culminación.