El premier señaló que se buscará tomar medidas que permitan no solamente reducir la delincuencia sino también "castigar" a aquellos funcionarios o ciudadanos que pretendan traficar con armas en Perú.
Este lunes 5 de febrero, el premier, Alberto Otárola, respondió a la investigación de Punto Final, en el cual se reveló que un fusil peruano asesinó al candidato de Ecuador, Fernando Villavicencio, esto debido a que la legislación permite adquirir de manera libre armas AR-15.
«La presidenta ha dispuesto que la Sucamec organice una investigación inmediata que estará a cargo del Ministerio Público», respondió Otárola en una conferencia tras sesión del Consejo de Ministros.
Recordemos que los fusiles AR-15 pueden ser adquiridos sin ningún problema en cualquier armería del Perú, autorizada por Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec). El detalle es que estas poderosas armas reciben el nombre de carabinas y son vendidas, exclusivamente, para uso deportivo.
Al respecto, Otárola señaló que se busca castigar a esos ciudadanos que pretendan traficar con estas armas. «Como lo ha dicho el ministro de Defensa y también lo hemos sostenido aquí enfáticamente en el Gobierno: vamos a tomar todas las medidas que permitan no solamente reducir la delincuencia sino castigar a aquellos malos funcionarios o ciudadanos que pretendan traficar con las armas generando todo el daño que conocemos», finalizó.
Un fusil ligero conocido como AR-15, que dispara hasta 100 proyectiles a gran velocidad y sin tener que recargar, son de uso deportivo en Perú, en actividades de caza o para seguridad en chacras.
Sin embargo, en los últimos años, las ventas crecieron vertiginosamente de 200 a 2000, además que la Unidad de Investigación de Latina Noticias detectó el incremento de denuncias por pérdidas o robos de esta arma, que finalmente terminan en manos de organizaciones criminales.
De hecho, uno de estos fusiles habría sido modificado en un laboratorio criminal para matar al candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio.
La facilidad con la que estas armas llegan a manos de la delincuencia organizada plantea la urgente necesidad de revisar las regulaciones vigentes sobre la venta de armas en Perú.
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