El exjefe de la Oficina Legal y Constitucional enfrenta serias acusaciones sin apoyo del Parlamento, que rechazó su pedido de asumir los costos legales.
El Congreso decidió no respaldar económicamente la defensa de Jorge Torres Saravia, investigado por liderar una presunta red de prostitución dentro del Parlamento. La Dirección General de Administración denegó su solicitud amparándose en que las acusaciones no están relacionadas con actos realizados en el ejercicio de sus funciones oficiales.
Torres Saravia basó su pedido en el artículo 87 del Reglamento Interno de Trabajo, que permite a los servidores del Congreso acceder a defensa legal cubierta por la institución en investigaciones vinculadas a sus responsabilidades laborales. Sin embargo, la administración del Congreso concluyó que su caso no calificaba bajo este criterio.
El exfuncionario enfrenta además una grave acusación de abuso sexual por parte de Vicky Navarro, su extrabajadora, quien relató ante la Comisión de Fiscalización presuntos hechos ocurridos durante un viaje en 2020. Navarro exigió garantías para su seguridad y solicitó la reapertura del caso, asegurando contar con pruebas contundentes.
Otro aspecto que agrava la situación de Torres Saravia es la investigación en torno a la muerte de Andrea Vidal, caso que ha tomado múltiples giros y sigue en desarrollo. Estos elementos refuerzan el panorama complicado para el exjefe de la Oficina Legal y Constitucional.
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