La historia detrás del allanamiento a Piero Corvetto y funcionarios de la ONPE en investigación por fallas en elecciones del 12 de abril
El viernes 24 de abril se abrió un nuevo capítulo en la investigación sobre las fallas logísticas registradas durante la jornada electoral del 12 de abril. El fiscal Raúl Martínez Huamán encabezó una serie de allanamientos a viviendas de funcionarios de la ONPE, presuntamente implicados en la contratación de la empresa Galaga, encargada del traslado de material electoral por más de 6 millones de soles.
A las 5:40 de la mañana, los fiscales anticorrupción y agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía intervinieron en simultáneo doce inmuebles en distintos puntos de Lima. Uno de ellos fue el departamento del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto. Solo se trató de una diligencia de allanamiento, el Poder Judicial no aceptó el pedido de detención preliminar solicitada por la Fiscalía contra Corvetto y demás funcionarios de ONPE.
El juez autorizó los allanamientos de viviendas, el decomiso de equipos electrónicos y la revisión de comunicaciones porque había una alta probabilidad de que los investigados conservaran información relevante para esclarecer los hechos.
Si bien para el fiscal de la Nación inicialmente, en un primer momento, no se contaba con evidencia de flagrancia que justificara una detención inmediata de los funcionarios, con el avance de la investigación esto cambió. La Fiscalía presentó más de 40 elementos de convicción y pidió la detención preliminar.
LA TESIS DE LA INVESTIGACIÓN
La tesis fiscal sostiene que funcionarios de la ONPE habrían concertado con la empresa Galaga para direccionar el proceso de contratación, lo que configuraría presuntos delitos de colusión agravada, delito electoral y omisión de funciones.
Según el fiscal Raúl Martínez, las irregularidades habrían comenzado desde la formulación de los términos de referencia y criterios de evaluación, los cuales —lejos de responder a necesidades técnicas justificadas— habrían generado ventajas indebidas para el proveedor. Incluso se habla de un posible direccionamiento del proceso.
Entre los investigados figuran el dueño de Galaga, Juan Alvarado Pfuyo, el suspendido subgerente de Producción Electoral, Juan Antonio Phang Sánchez, el renunciante jefe de la Onpe, Piero Corvetto y el exgerente de Gestión Electoral, José Samamé Blas,quien estuvo detenido preliminarmente 48 horas, pero el día del allanamiento no fue ubicado en el domicilio consignado.
En tanto, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, indicó que se tendrá que determinar la responsabilidad administrativa para ver la permanencia de los funcionarios en la institución que no renunciaron. Respecto a los que sí se apartaron del cargo, señaló que la JNJ puede, tras la investigación que realiza, destituirlo, lo cuál configura mayor gravedad.
Finalmente, el Jurado Nacional de Elecciones rechazó realizar elecciones complementarias en Lima. El proceso electoral continuará mientras la historia de los allanamientos parece no terminar mientras se determinen las responsabilidades.