Por Rodrigo Chillitupa | bchillitupa@latina.pe
El Pleno del Congreso aprobó el último jueves 30 de mayo modificar la Ley del Sistema Portuario Nacional. Hubo 68 votos a favor, 24 en contra y cuatro abstenciones para que dicha iniciativa pueda otorgarle la posibilidad a la Autoridad Portuaria Nacional (APN) de brindar la exclusividad de operación a empresas privadas a través de habilitaciones o licencias portuarias. Sin embargo, un detalle llamó la atención durante el debate.
Durante la sustentación de la propuesta por parte del congresista Eduardo Salhuana, titular de la Comisión de Transportes, se dijo que la APN había desistido de la demanda interpuesta ante el Poder Judicial para retirarle la exclusividad al consorcio chino-peruano Cosco Shipping Ports para operar en el megapuerto de Chancay que entrará en operaciones en noviembre de este año.
“La APN desistió de la demanda y, por tanto, [esta ley es] la solución a este tema que debe otorgar estabilidad y garantías jurídicas a empresarios privados. Con esta norma estaríamos llenando ese vacío legal y solucionando el problema que podría generar un arbitraje internacional”, dijo el integrante de APP. Pero esto no es cierto.
Latina Noticias verificó que la demanda presentada por la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes, que es avalada por la APN, sigue su trámite en el Décimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima. Es más, el último 14 de mayo se admitió a trámite luego de que la entidad antes mencionada realizará las subsanaciones que se les requirió.
Esto era que cumplan con una serie de requisitos generales previstos en los artículos 424° y 425° del Código Procesal Civil y los especiales señalados en el artículo 21° del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, Ley N°27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2019-JUS.
Además, se corrió traslado al consorcio de origen chino y peruano para que pueda brindar su descargo correspondiente a la demanda del MTC y continúe el proceso que, como se sabe, tiene su origen en la legalidad del acuerdo de directorio que la Autoridad Portuaria Nacional tuvo el 8 de febrero de 2021.
Días atrás, Latina Noticias informó también que la Fiscalía Especializada de Prevención del Delito y Materia Ambiental de Huaral investiga preliminarmente al consorcio de origen chino y peruano Cosco Shipping Ports por el presunto delito de contaminación ambiental en agravio del Estado por la construcción del megapuerto de Chancay que, según se proyecta, entrará en operaciones en noviembre de 2024.
Cosco, sin embargo, no es la única empresa involucrada en el caso, pues además están China Railway, los consorcios Chancay, Checsac-CCC4TH y CISPDR Jinghua. La indagación nace a raíz de las denuncias de las ciudadanas Melissa Izquierdo del Río y María Vidal Huidobro
Las compañías se encuentran comprendidas debido a que Cosco Shipping las contrató para que brinden sus servicios especializados en la construcción de puertos, túneles, viaductos y obras civiles en general que se iban a desarrollar en torno al puerto y que abrirá fuegos en paralelo con las actividades del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
Al respecto, la empresa enfatizó que el proyecto que tiene a su cargo tiene los permisos y los instrumentos ambientales como EIA-d, ITS y MEIA-d que fueron debidamente aprobados por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), así como las licencias de construcción correspondientes y demás autorizaciones de ley.
«El proyecto se ejecuta en cumplimiento de planes y programas de manejo ambiental y social, manteniendo un diálogo continuo con actores sociales del área de influencia, debidamente delimitada en los instrumentos citados. En virtud de ello, asumimos el compromiso de implementar controles para evitar y, de ser el caso, mitigar potenciales impactos ambientales, así como implementar acuerdos con organizaciones sociales que, a pesar estos controles, perciban afectaciones por las actividades constructivas», mencionan.
Además, Cosco Shipping recordó que desde noviembre del 2021 viene ejecutando inversiones sociales como fondos para proyectos, para becas, obras comunitarias, así como compensaciones a pescadores, propietarios de viviendas, transportistas y demás ‘stakeholders’.
«Sólo en lo que respecta a propietarios de viviendas, se han realizado compensaciones económicas mensuales a más de 3,000 familias, alcanzando más de 15,000 personas atendidas. Ello se acredita a través de los acuerdos suscritos con las organizaciones sociales, representadas por sus dirigentes acreditados», mencionan.
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