A través de un comunicado, cuestionaron que la iniciativa trate de invisibilizar a las mujeres y debilitar el trabajo que realizan con niñas y adolescentes.
Este sábado, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables rechazó que desde el Congreso de la República se pretenda cambiarle de nombre a través de una iniciativa legislativa de la bancada de Renovación Popular, que busca que el sector se llame «Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables».
A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la cartera dirigida por la ministra Nancy Tolentino señaló que la propuesta impulsada por la parlamentaria Milagros Jáuregui de Aguayo apuntaría a invisibilizarlas como mujeres.
«Un cambio de nombre de nuestro ministerio, no solo desvirtúa nuestra misión, sino también el compromiso del Estado para con todas las mujeres, niñas y adolescentes, dado que ello invisibiliza la lucha de años que han tenido para construir y garantizar una sociedad igualitaria, libre de violencia y discriminación», se lee en el documento.
De otro lado, agrega que si esta idea llega a respaldarse en el Pleno del Congreso, provocaría el debilitamiento del trabajo que se ha estado realizando con las niñas, adolescentes y mujeres, así como las poblaciones vulnerables.
«Es imprescindible que todas las instituciones sumemos esfuerzos por y para todas las mujeres, a fin de garantizarles sus derechos humanos, con iguales oportunidades para construir un proyecto de vida digna, libre de violencia y discriminación», cierra el documento.
De otro lado, desde el Poder Judicial también se pronunciaron en contra de la iniciativa de cambiarle de nombre al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. A través de la jueza Elvia Barrios, presidenta de la Comisión de Justicia de Género, calificó que esto sería un «retroceso» y un incumplimiento con tratados internacionales.
«Cambiar su nombre al de ‘Ministerio de la Familia, Infancia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad’ desconoce el carácter fundamental que cumple el MIMP para atender las necesidades que enfrentan la mitad de la población, sobre todo en lo relativo a la violencia que sufren», refirió Barrios.
«Es un retroceso e incumplimiento de los tratados que ha suscrito el Perú sobre la materia, como es la CEDAW y la Convención Belén Do Pará», agregó.
Finalmente, la expresidenta del Poder Judicial enfatizó que, desde su creación en 1996, el Ministerio de la Mujer ha trabajado arduamente para reducir las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres y garantizar que tengan acceso a la justicia como se debe.
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