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Por Marco Zanelli Berríos

Si esto fuera una fiesta de disfraces, más de una institución privada sin fines de lucro llevaría la máscara de algún santo. Hay las que adoptan nombres de curas, otras que aluden a términos de alto valor como la dignidad o la amistad. Bajo ese disfraz, sin embargo, no siempre se esconden corderos. En más de un caso, y a expensas de un propósito mayor, varias organizaciones infringen las normas e, incluso, cometen delitos, como bien lo prueba la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

Hace unas semanas, precisamente, Punto Final denunció un hecho que no pasaría desapercibido: la visita que, inicios de agosto, hiciera a esa entidad la cuestionada e investigada congresista María del Pilar Cordero Jon Tay y su trabajador Ronald Castillo, y en la cual se habrían tratado temas personales en horario laboral.

El reportaje se desprendía de una investigación que por varias semanas realizó el equipo Multiplataforma de Latina Noticias para conocer de cerca cómo funciona este órgano del Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado —en teoría— de velar por el buen manejo de recursos que organizaciones no gubernamentales (ONG), de desarrollo (ONGD), entre otras, reciben del exterior.

Si bien, en el papel, la APCI cumple un rol administrativo, el organismo “no se da el suficiente abasto para validar que los fondos de una ONG sean todos utilizados adecuadamente”, según lo explica Miguel Villaseca, docente de la Facultad de Gestión de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); y lo confirma el análisis detallado que este medio hizo de más de 1.000 expedientes de la APCI obtenidos por solicitudes de acceso a la información pública.

Así, Latina Noticias puede confirmar que la declaración del especialista no dista mucho de ser real.

La investigación que hoy hacemos pública revela que la supervisión de las decenas de millones de dólares que el Perú recibió en donaciones se ha reducido de forma preocupante, aproximadamente un 83% entre 2015 y 2023; y que la cifra de infracciones leves (que terminan en una simple amonestación a una organización) contrasta con aquellas sanciones graves y muy graves (que conllevan multas contra organizaciones por faltas mayores).

SERVICIOS SOLIDARIOS SIN DOCUMENTACIÓN

Todo esto nos lleva a Servicios Solidarios Abate Pierre, una institución privada sin fines de lucro receptora de donaciones de carácter asistencial o educacional provenientes del exterior —más conocida como IPREDA— que se inscribió en la APCI en marzo de 2011. El pasado viernes 29 de septiembre, un equipo de Latina acudió a su domicilio legal, ubicado en Tablada de Lurín, Villa María del Triunfo. Sin embargo, el único inmueble que evocaba a una figura católica en la zona era la parroquia San Francisco de Asís. Consultados, vecinos del local de Abate Pierre fingieron no conocer de la existencia de una ONG.

Lo cierto es que esta IPREDA sí opera en la dirección registrada en la agencia. En medio de la pandemia por la Covid19, contribuyó con comedores populares y otras asociaciones de Villa María  del Triunfo, en Lima; y en Ucayali. Repartió allí productos como mascarillas KN95, tapabocas y prendas de vestir, y otros que no parecerían de primera necesidad en una crisis sanitaria: adornos navideños, scooters y motos eléctricas. En total, la mercancía fue valorada en US$41.889,4, y fue donada por las empresas chinas Yiwu Anan Imp and Exp Co. Limited. y Guangzhou Ever Star Trading Limited, según consta en los registros que Latina Chequea analizó.

En todas estas entregas, la Dirección de Fiscalización y Supervisión (DFS) de la APCI detectó importantes irregularidades, ya que no pudo comprobar que las donaciones, en efecto, llegaron a su destino. Pese a ello, tras recibir los descargos de Servicios Solidarios Abate Pierre, la Comisión de Infracciones y Sanciones (CIS), que tiene la palabra final en este embrollo burocrático, decidió penalizarla, en cuatro ocasiones, por “no exhibir en el procedimiento de supervisión y/o fiscalización la documentación que sustenta el uso las donaciones provenientes del exterior…”.

El hecho de que las infracciones sean constantes no parece, empero, ser lo suficientemente llamativo para que Landher Alejandro Zúñiga Velarde y William Postigo de la Motta, los dos miembros que integran la CIS, hayan decidido ir más allá en el caso. Las razones son desconocidas. Lenin Leonel Ponce Pardo, por su parte, y quien representa legalmente a Abate Pierre, no respondió a las consultas que le hicimos, a pesar de nuestra insistencia.

Así, pues, ha sido, finalmente, la Sunat, y no la APCI, la que ha decidido investigar a esta IPREDA debido a la cantidad de bienes que ingresó en los últimos años. Esto fue confirmado a Latina Noticias por el director de Fiscalización y Supervisión de la APCI, Carlos Castagne.

OTROS CASOS DE GRAVEDAD

Por supuesto, hay también organizaciones que, de manera reincidente, han recibido multas por infracciones graves y muy graves. La ONGD Vidas Dignas Perú, por ejemplo, encabeza la lista de las más sancionadas por la APCI por este criterio: cinco de las seis infracciones que registra en los últimos cinco años son graves y muy graves. Incluso llegó a ver suspendidos de manera temporal sus beneficios obtenidos por la inscripción en la agencia.

También aparece la IPREDA Redes de Cooperación para el Desarrollo (RECODE), que acumuló en el reciente lustro cuatro sanciones. Una de las infracciones cometidas fue haber recibido la donación de 30.700 frazadas polares para centros poblados de Huancavelica, pero estas nunca llegaron a los supuestos beneficiarios.

Las organizaciones no gubernamentales, que parecen ver un negocio donde sea, cumplen a rajatabla con una fórmula infalible, omitiendo documentación para una “ayuda” a personas de extrema pobreza que, finalmente, no reciben lo prometido.

Ese fue el caso de la ENIEX World Wildlife Fund Inc., que en 2015 solicitó una recuperación del IGV a la APCI por el monto de S/31.881,24. Sin embargo, tras una labor de fiscalización, se comprobó que la verdadera cifra de la donación era de poco menos de la mitad: S/15.627,97.

Pero tal vez el caso más escandaloso, y que terminó siendo remitido por la APCI al Ministerio Público, ocurrió en 2017, cuando la ONG Fund Church of Sweden Aid, una supuesta fundación eclesiástica, se ofrecía a poner en marcha proyectos de inversión para asociaciones y gobiernos municipales a cambio de millones de soles. La Iglesia Sueca («Sweden Church») envió una carta de oficio a la agencia en la que afirmaba no tener ninguna relación con la institución denunciada ni con su representante legal.

¿EXISTE UN CONTROL?

En mayo de 2018, tras la renuncia de la abogada María Lila lwasaki Cauti, el mando de la dirección ejecutiva de la agencia recayó sobre José Antonio González Norris, un sociólogo con estudios de posgrado en Ciencias políticas que formó parte de la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales del Ministerio del Ambiente (Minam) y, además, fundó la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso. Su ingreso como cabeza de la APCI ocurrió durante el Gobierno de Martín Vizcarra, cuando el ministro de Relaciones Exteriores era Néstor Popolizio.

De un tiempo a esta parte, sin embargo, las acciones de supervisión de la APCI han descendido de forma dramática. Si en 2015 y 2016, se realizaban hasta 700 por año, en 2017, cuando dirigía la institución Jorge Voto Bernales, estas llegaron a tan solo 63, según constató Latina Chequea tras revisar documentación diversa del Plan Anual de Supervisión (PAS).

La situación no mejoraría con el ingreso de González Norris. El año más bajo de supervisión en su gestión fue 2020, cuando se ejecutaron apenas 61 acciones. Curiosamente, el Perú recibiría ese año US$60 millones en donaciones y asistencia técnica por la pandemia.

Existe, así, una clara tendencia a la baja en el número de acciones de supervisión a lo largo de los años, según con los datos recabados por Latina Chequea.

Castagne parece tener una explicación para esta problemática. Él sostiene que la disminución de supervisiones se debe a una falta de presupuesto, ya que en 2015 y 2016 se recibieron “recursos adicionales” para tal fin.

No obstante, una simple corroboración en los archivos a los que accedió Latina Noticias permitió detectar que no existe una abismal diferencia entre el dinero que recibieron en 2015 (S/13’791.434) y el año pasado (S/12’325.491).

Lo más resaltante en la gestión de González Norris, según la revisión de importante documentación, es la poca aplicación de sanciones con multa, siendo la mayoría amonestaciones por infracciones leves. En 2021, por ejemplo, de las 130 supervisiones realizadas, solo tres asociaciones fueron multadas; mientras que, en 2022, se sancionó a seis de 156 acciones de control. En suma, en dos años, apenas se aplicaron nueve penalidades.

Para este caso, Castagne tiene también una explicación: “El número de infracciones que nosotros proponemos es mucho más; entiendo que la Comisión de Infracciones y Sanciones (CIS) tendrá sus propios criterios y que las entidades podrán levantar las observaciones en esa instancia y por eso no son sancionadas”.

En entrevista con Latina Noticias, González Norris afirmó que la APCI también trabaja de la mano con la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS y la Procuraduría de Relaciones Exteriores, a quienes reporta si durante una investigación se hallan indicios de delito o delitos cometidos por alguna ONG.

Una consulta a través del portal de Transparencia de la entidad, sin embargo, arrojó como resultado que, desde la gestión del nuevo director ejecutivo, no existe ningún posible acto delictivo remitido a las instancias nombradas, pese a que, entre 2017 y marzo de 2018, hubo ocho incidentes que fueron reportados a Procuraduría.

De acuerdo con Castagne, denunciar “un presunto lavado de activos o financiamiento de terrorismo” ante las correspondientes dependencias requiere de un proceso más detallado y mayores esfuerzos. “No tenemos las posibilidades de poder llegar a ese tipo de esclarecimiento; cuando creemos que hay un tema irregular, avanzamos hasta donde podemos en la vía administrativa”, argumentó.

LA APCI EN LA MIRA

El pasado 4 de setiembre, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que preside el congresista Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), citó al parlamento a González Norris con el fin de conocer los alcances de su gestión en lo que va de 2023. Entonces, el director Ejecutivo manifestó que en 2007 una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) limitó la capacidad de la APCI para analizar los aportes que las ONG reciben del exterior. Días después, informó a Latina Noticias que la agencia se limita a supervisar solo una muestra de las más de 3.000 organizaciones inscritas.

En la cita, Aguinaga exigió que se refuerce el control a los recursos que manejan las ONG y el último 2 de octubre convocaron a la canciller Cecilia Gervasi para que absolviera las dudas sobre los procedimientos y las fallas en el trabajo que realiza la APCI. La exposición de la titular de cancillería, sin embargo, no convenció a la comisión del Congreso. Para el legislador fujimorista, “la canciller fue muy escueta al responder sobre este tema”.

Este 2023, cuando la APCI tiene previsto un total de 119 acciones de supervisión (37 menos que el año anterior), hay razones para que su trabajo esté en la mira de las autoridades.