ONU advierte sobre “ataques” contra fiscal Delia Espinoza y cuestiona acciones de la JNJ y Congreso
La Organización de las Naciones Unidas lanzó una severa advertencia al Estado peruano por la serie de procesos y medidas adoptadas recientemente contra la fiscal suprema Delia Espinoza. A través de un comunicado, la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó “profunda preocupación” por lo que describió como una escalada de acciones dirigidas a obstaculizar el ejercicio de las funciones de la magistrada.
Según Satterthwaite, los procedimientos disciplinarios, las amenazas a la seguridad de Espinoza —incluido el retiro parcial de su escolta—, las suspensiones y las mociones impulsadas desde el Congreso constituyen una señal de alarma sobre la interferencia política en el sistema de justicia peruano. “Atacar a la fiscal Espinoza (…) únicamente por desempeñar su función como Fiscal Suprema y Fiscal General de la Nación del sistema judicial peruano supone una amenaza directa para la integridad y la imparcialidad de los procedimientos judiciales en el país”, afirmó.
La relatora recordó que Espinoza fue suspendida durante seis meses, una medida que posteriormente fue revertida por orden judicial. Sin embargo, advirtió que la decisión de reincorporarla “no se ha acatado aún”, hecho que calificó como especialmente grave para el Estado de derecho.
LLAMADO A LA JNJ
Satterthwaite también expresó alarma por la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de abrir una investigación por presunto abuso de autoridad contra el juez que ordenó el retorno de Espinoza a su cargo. La funcionaria enfatizó que los jueces “no deben sufrir represalias” por el contenido de sus decisiones judiciales, e instó a la JNJ y a todos los actores involucrados a garantizar que los procedimientos disciplinarios no sean utilizados como herramientas de presión o castigo.
La preocupación de la ONU se incrementó tras conocer que el 25 de noviembre la Comisión Permanente del Congreso debatió y aprobó una moción para inhabilitar a Espinoza por diez años para ejercer función pública. Una medida que, según la relatora, se suma a un patrón de “ataques” en aumento contra la fiscal. El miércoles 3 de diciembre el Pleno debatirá y votará el informe final que recomienda inhabilitarla.
Satterthwaite subrayó que, conforme a los estándares internacionales, el personal judicial debe poder cumplir sus funciones sin intimidación, obstáculos, acoso o interferencias indebidas. Añadió que ningún magistrado debería enfrentar procesos penales, disciplinarios o sanciones de cualquier tipo por acciones realizadas en cumplimiento de sus deberes éticos y profesionales.
La relatora concluyó su pronunciamiento exhortando a las autoridades peruanas a respetar plenamente la independencia judicial y a asegurar que las instituciones encargadas de la disciplina de jueces y fiscales actúen con imparcialidad y sin motivaciones políticas.