Patricia Benavides suspendida como fiscal suprema y de la Nación: los fundamentos del PJ
El Poder Judicial ordenó la suspensión temporal por 24 meses de Patricia Benavides en su cargo como fiscal suprema del Ministerio Público y, en consecuencia, como fiscal de la Nación. Esta medida fue dispuesta por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, en el marco de una investigación preliminar por presuntos delitos de corrupción y abuso de poder.
La decisión se basa en una serie de imputaciones formuladas por la Fiscalía de la Nación, que incluyen cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal (en sus formas simple y agravada). El juez supremo Segismundo León Velasco consideró que existen elementos de convicción suficientes que vinculan a Benavides con los hechos investigados, y que su permanencia en el cargo podría obstaculizar la investigación y generar riesgo de reiteración delictiva.
LOS FUNDAMENTOS DEL PODER JUDICIAL
Según el expediente judicial, se le atribuye a Benavides haber intercambiado favores, como nombramientos estratégicos de fiscales, a cambio de apoyo político y judicial. Uno de los casos clave es la designación de fiscales afines a José Luis Castillo Alva en el equipo que investigaba a “Los Cuellos Blancos del Puerto”, lo que habría buscado obtener filtraciones sobre las investigaciones en su contra.
Además, el PJ identificó como actos arbitrarios la designación de Abelardo Caycho Ramis como fiscal provincial, pese a que no reunía el perfil requerido. Esta designación se habría hecho para favorecer a Castillo Alva, con quien Benavides habría coordinado a través de terceros. El Ministerio Público calificó estos hechos como abuso de autoridad y cohecho.
También se le acusa de remover fiscales del caso “Cuellos Blancos” e interferir en nombramientos para proteger a “sus aliados”. Según el juez, estas acciones configuran una “instrumentalización del poder” y muestran una “reiterada infracción a sus deberes funcionales” que ponen en riesgo la legalidad del proceso penal.
El requerimiento fiscal argumenta que la suspensión es jurídicamente viable por cumplir con los requisitos del Código Penal y el Código Procesal Penal. El juez consideró que la medida es proporcional, idónea y necesaria para proteger el proceso, y recordó que los delitos imputados conllevan penas de inhabilitación de hasta 20 años.
Además, el juez explicó que existe un peligro procesal concreto: que Benavides influya en fiscales, archive investigaciones o manipule procesos. Mencionó que su posición jerárquica le otorga capacidad real de interferencia, lo cual justificaría su suspensión temporal.
Finalmente, el Poder Judicial concluyó que la medida no vulnera sus derechos fundamentales, ya que se trata de una restricción legal, motivada y proporcional en un proceso penal por delitos graves contra la administración pública.