Presentan proyecto para derogar polémica ley del Congreso que beneficiaría al crimen organizado

El congresista Roberto Sánchez ha presentado un proyecto de ley que busca derogar la norma 32108, la cual introdujo modificaciones al Código Penal y otras normativas relacionadas con el crimen organizado. Esta iniciativa tiene como objetivo eliminar las restricciones que, según el parlamentario y otros especialistas, dificultan el combate efectivo contra las organizaciones criminales y mejorar la capacidad del Estado para enfrentar la delincuencia.

El proyecto de ley propone, además, incrementar las penas para los tipos base de los delitos de secuestro y extorsión. Según la propuesta de Roberto Sánchez, el tipo base de secuestro sería castigado con penas privativas de libertad no menores de 25 años y hasta 30 años, mientras que el tipo base de la extorsión tendría penas de entre 15 y 20 años. Actualmente en los casos mencionados, la ley sanciona el secuestro con penas mínimas de 20 años y la extorsión con penas mínimas de 10 años.

Además, la propuesta legislativa introduce modificaciones a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, incrementando la participación ciudadana en los comités distritales de seguridad, al incluir a dos representantes de las Juntas Vecinales promovidas por la Policía Nacional. También se establece la obligatoriedad de que las sesiones del comité distrital de seguridad sean convocadas tanto por las autoridades locales como a pedido de los representantes vecinales, con el objetivo de reforzar la vigilancia y la participación comunitaria en la seguridad.

CRÍTICAS Y REACCIONES A LA LEY 32108

El congresista Roberto Sánchez ha señalado que la Ley 32108, promulgada en agosto del 2024, introdujo criterios restrictivos para definir a una organización criminal, lo que ha debilitado la capacidad de las autoridades para procesar redes delictivas. En particular, la norma exige que una organización criminal controle «la cadena de valor de una economía o mercado ilegal», lo que, según Sánchez, permitirá que muchas organizaciones queden fuera del alcance de la ley, dificultando el procesamiento penal de sus miembros.

También la Ley 32108 señala que el allanamiento se realiza con presencia del interesado y de su abogado. Es decir, si no se encuentra el abogado del investigado, no se puede llevar a cabo el allanamiento. La espera puede durar minutos u horas, en las cuales el investigado podría desaparecer pruebas que lo incriminen, favoreciendo de esa manera a que se deje impune el delito. Motivo por el cual, el congresista Roberto Sánchez considera que la Ley 32108 debe ser derogada.

Cabe apuntar que tanto el Colegio de Abogados de Lima como el Ministerio Público han expresado su preocupación por los vacíos legales que esta norma ha generado, que permiten la liberación de presuntos delincuentes bajo el argumento de que no se cumplen los nuevos requisitos para ser considerados parte de una organización criminal.

El congresista Roberto Sánchez, en su calidad de impulsor de esta nueva ley, afirmó que es urgente derogar la Ley 32108 y dar a las autoridades las herramientas necesarias para enfrentar con mayor firmeza el creciente problema de la criminalidad organizada en el país.

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