¿Quiénes son las implicadas en el allanamiento por presuntos beneficios en la gestión de José Jerí?
Un megaoperativo fiscal puso en la mira a cinco mujeres que habrían sido favorecidas con contratos estatales tras reunirse con el entonces presidente interino José Jerí, en el marco de una investigación por presunta negociación incompatible.
La intervención, que incluyó allanamientos, descerrajes e incautación de equipos, también alcanza a 18 funcionarios de distintas entidades, señalados por presuntamente facilitar un esquema sistemático de direccionamiento de contrataciones desde el Despacho Presidencial.
Según la investigación, existiría un patrón recurrente: visitas registradas al despacho de Jerí que eran seguidas, en corto tiempo, por la obtención de órdenes de servicio o designaciones en el Estado. La Fiscalía sostiene que este mecanismo habría operado de forma coordinada, con participación de funcionarios en diferentes niveles para viabilizar los beneficios.
¿QUIÉNES SON LAS IMPLICADAS?
Entre las implicadas figura Ledy Guadalupe Vela Ramírez, quien tras reunirse con Jerí accedió a contratos en EsSalud y el Ministerio del Ambiente, además de ser vinculada a una contratación en el Ministerio de la Producción. En todos los casos, se evalúa si existió un direccionamiento previo para favorecerla.
También está Rubiel Cristina Beraún Rojas, quien fue contratada en dos ocasiones por el Despacho Presidencial luego de una reunión con el entonces mandatario. La Fiscalía advierte una rapidez inusual en la presentación de sus propuestas, lo que podría evidenciar que el proceso ya estaba previamente encaminado.
Otra de las investigadas es Violeta Emperatriz Beas Otero, designada como Secretaria Nacional de la Juventud pese a que, según la revisión de su perfil, no cumpliría con los años de experiencia exigidos por ley. A ella se suman Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, quien obtuvo contratos tras visitas reiteradas a Palacio, y Alicia Alexandra Camargo Leiva, cuya contratación habría implicado la modificación de requisitos para ajustarlos a su perfil.
El caso también involucra a 18 funcionarios de instituciones como el Ministerio de la Producción, EsSalud, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Educación y el propio Despacho Presidencial. Todos ellos son investigados por presuntamente haber intervenido en la elaboración de términos de referencia, validación de perfiles y procesos administrativos que habrían permitido concretar las contrataciones cuestionadas.
Las autoridades continúan con las diligencias para determinar responsabilidades y esclarecer el alcance de este presunto esquema de favorecimientos. Mientras tanto, el caso vuelve a poner en debate los mecanismos de control en la administración pública y la transparencia en los procesos de contratación estatal.