Durante la audiencia, el expresidente reiteró su inocencia y respaldó levantar su secreto bancario y de comunicaciones.
En una decisión unánime, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó cinco recursos de apelación presentados por el expresidente Pedro Castillo en relación con los procesos legales en su contra por los presuntos delitos de rebelión, colusión y organización criminal.
Los recursos, que fueron evaluados durante audiencias llevadas a cabo entre el lunes y el martes pasados, buscaban la revisión del plazo de la prisión preventiva de Castillo, así como la excepción de improcedencia de acción por el delito de rebelión, relacionado con el suceso de diciembre de 2022.
La Sala desestimó las apelaciones, declarándolas infundadas y rechazó también una tutela de derechos presentada por la defensa de Castillo, la cual argumentaba presuntas ambigüedades e imprecisiones en la acusación fiscal por el delito de rebelión.
Durante las audiencias, el expresidente participó de manera virtual, reiterando su negativa a liderar organizaciones criminales durante su mandato y manifestando su respaldo al levantamiento de su secreto bancario y de comunicaciones.
El abogado Rubén Mayta Salluca, uno de los defensores legales de Castillo, sostuvo que el golpe de Estado fue simplemente una proclama sin la orden de utilizar armamento bélico.
La fiscalía cuestionó la solicitud de la defensa de Castillo de restablecer las condiciones anteriores a la presunta violación de derechos fundamentales provocada por el golpe de Estado, desvirtuando los argumentos presentados por el expresidente.
Actualmente, Pedro Castillo cumple dos prisiones preventivas en el penal de Barbadillo: una de 18 meses por el caso del golpe de Estado y otra de 36 meses por organización criminal y otros delitos.
Para el caso del golpe de Estado, la fiscalía ha solicitado 25 años de prisión no solo para Castillo, sino también para la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez, el exministro del Interior Willy Huerta y el ex titular de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez, quien actualmente es congresista. En cuanto a Aníbal Torres, exasesor de la PCM y exprimer ministro, la solicitud de condena es de 15 años de prisión
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