La congresista de Alianza para el Progreso es investigada por el presunto delito de concusión al presuntamente haber recortado los salarios de los trabajadores de su despacho y la SAC.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso declaró procedente la denuncia que se presentó contra la parlamentaria Rosío Torres, de la bancada Alianza para el Progreso (APP), por presuntamente recortar salarios a trabajadores de su despacho y de la SAC cuando la lideraba, tal como ‘Punto Final’ lo denunció en un reportaje.
Con 11 votos a favor se admitió la acusación elaborada por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, quien le imputa a Torres Salinas haber cometido el presunto delito de concusión en agravio del Estado. Según el Código Penal, hay una pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 8 años para la persona que cometa este ilícito.
Tras el resultado es que se deberá remitir un informe de calificación del caso de la integrante de APP a la Comisión Permanente. En este grupo es que se evaluará dicho documento para que le otorgue un plazo de 15 días a la SAC para que inicie la investigación contra Torres Salinas. Nuevamente, el grupo de trabajo liderado por Lady Camones deberá elegir a un ponente de la causa.
El encargado de la indagación contra la congresista Rosío Torres tendrá que citarla para que brinde su descargo y a los denunciantes con el fin de incluirlos en un nuevo informe que será debatido primero en la SAC y después en la Permanente. Finalmente, todo llegará al Pleno, que es la última instancia en la que se podría decidir la suerte de la representante de Alianza para el Progreso.
En marzo pasado, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Juan Carlos Checkley, ordenó el levantamiento del secreto bancario de la congresista Torres Salinas. Sin embargo, se menciona el verdadero monto de dinero que habría recibido de sus trabajadores a través de su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra. En realidad, la Fiscalía calcula que Torres se hizo de 90 mil soles.
La defensa de la integrante de APP buscó sin éxito que no se le levante el secreto bancario. «Se declare infundado el requerimiento de levantamiento del secreto bancario, toda que no existen suficientes elementos de convicción para otorgarla; precisó que durante el desarrollo de la investigación preliminar existieron diferentes versiones de los testigos y ninguno de ellos mencionó que su patrocinada indujo a sus trabajadores a realizar pagos a su persona provenientes de sus sueldos», se lee en el documento judicial.
Además, Torres Salinas mencionó «que existen declaraciones de testigos que mencionan no saber nada respecto a pedidos de dinero y otros que dicen que dichos montos eran préstamo de dinero» para su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra, quien también es investigado por el delito de concusión en la Fiscalía.
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