Sada Goray: PJ dispuso su libertad e impuso impedimento de salida del país por 36 meses

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ordenó la libertad de la empresaria Sada Goray, quien se encontraba en prisión preventiva por el caso ‘Fondo Mi Vivienda’. La defensa de Goray presentó un recurso de casación que resultó exitoso en revocar la resolución previa que la mantenía encarcelada.

El pasado 20 de octubre de 2023, la Quinta Sala Penal de Apelaciones había confirmado un mandato de prisión preventiva por 30 meses contra Goray; sin embargo, en la audiencia de este martes 30 de julio, conducida por el juez supremo titular César San Martín Castro, presidente del colegiado, se cambió esta figura por medida de comparecencia con restricciones

#LoÚltimo Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ordena medida de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por 36 meses contra Sada Goray, Pedro Arroyo Marquina y Róger Gavidia Johanson, investigados por colusión y otros delitos. Caso #FondoMiVivienda. pic.twitter.com/Ss89JaG65K

— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) July 30, 2024

Además, la Corte Suprema impuso medidas de comparecencia con restricciones y un impedimento de salida del país por 36 meses no solo contra Sada Goray, sino también contra Pedro Arroyo Marquina y Róger Gavidia Johanson, quienes están siendo investigados por colusión y otros delitos. Esta decisión se tomó a pesar de que el Tribunal había indicado previamente que no existía peligro de fuga.

SOBRE EL CASO

Sada Goray está siendo investigada por el delito de colusión agravada y otros cargos, bajo la sospecha de haber realizado pagos indebidos que superan los S/ 5 millones. Según la tesis fiscal, los beneficiarios de estos pagos serían Salatiel Marrufo, exjefe de gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, y Geiner Alvarado, exministro del mismo sector.

Se presume que estos pagos tenían como objetivo favorecer de manera ilícita los negocios inmobiliarios de Marka Group, empresa que Goray dirigía como gerenta general. La finalidad sería obtener influencia en la gestión del Fondo Mi Vivienda, causando perjuicio al Estado.

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