“Su interpretación podría generar abusos”, advierte abogado sobre dictamen que autoriza campaña electoral a congresistas
A menos de un año de las elecciones generales de 2026, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley N.º 11306/2024-CR, que podría permitir a los congresistas realizar campaña política mientras ejercen funciones oficiales; específicamente, plantea permitir a los parlamentarios expresar libremente sus posturas ideológicas, políticas o partidarias sin que ello sea considerado una infracción al principio de neutralidad, objetividad o imparcialidad.
Con 15 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, la iniciativa pasó rápidamente del papel a la aprobación, en solo 11 días. ¿Lo más preocupante? No establece límites claros sobre lo que pueden o no hacer los parlamentarios durante la semana de representación.
El abogado especializado en Derecho Público, José Rodolfo Naupari Wong, advirtió en entrevista con Latina Noticias que, si bien el dictamen no permite expresamente el proselitismo político en ese periodo, sí deja abierta la puerta para una interpretación que podría generar abusos. “La función de representación no se agota en la semana de representación… Pero si no colocas candados claros, se puede usar ese espacio para hacer proselitismo político”, señaló.
Según el letrado, la controversia se agrava por lo que se añadió al texto original del proyecto. Aunque se prohíbe hacer proselitismo durante las sesiones del Pleno o de comisiones parlamentarias, no se establecen restricciones sobre el uso de ese tiempo fuera de esas sesiones. Para Naupari, esto deja un vacío normativo: “Si interpretamos en sentido contrario, se podría entender que el congresista sí puede hacer campaña mientras no esté en una sesión. Eso es un error”.
RECURSOS NO DEBEN SALIR DE DINERO DEL CONGRESO
Naupari alerta que un congresista podría, por ejemplo, asistir a actividades proselitistas durante la noche, fuera del horario de comisiones, usando su imagen, su cargo y eventualmente los recursos que le proporciona el Congreso. “Yo puedo hacer campaña con mi plata, sin usar recursos públicos ni reivindicar mi cargo. Pero si uso el dinero que me da el Congreso para representar, y lo utilizo para hacer campaña, eso es inaceptable.”
Actualmente, cada legislador recibe S/ 2.800 al mes como “apoyo logístico” para la semana de representación. Además, el Congreso cubre pasajes aéreos y viáticos de sus asesores. El riesgo, según el especialista, es que esos fondos se desvíen de su propósito original y terminen financiando actividades partidarias. “El Congreso debería dejar claro que ningún recurso ni personal financiado por el Estado puede ser utilizado para hacer campaña”, sugiere Naupari.
RAPIDEZ EN LA APROBACIÓN
La rapidez con la que se aprobó el dictamen también genera suspicacias. El proyecto fue presentado el 23 de mayo y aprobado el 3 de junio. Lo impulsó Fuerza Popular con el respaldo de otras nueve bancadas. Su autor, el congresista Arturo Alegría, ni siquiera asistió al debate. En cambio, el presidente de la Comisión, Fernando Rospigliosi, lo defendió señalando que “el Congreso no es una reunión de tecnócratas políticos, sino el corazón de la democracia”.
Para Naupari; sin embargo, esta visión confunde la neutralidad política con la neutralidad electoral. “Yo puedo tener posiciones políticas como congresista, pero eso no me habilita a usar recursos públicos para hacer campaña. La neutralidad electoral es una exigencia para todas las autoridades, hayan sido elegidas o no por voto popular”, remarcó.
El abogado también cuestiona que, si un congresista incurre en actos indebidos, la sanción quedaría en manos de la Comisión de Ética del propio Congreso. “Con este dictamen, y si se interpreta mal, ni siquiera se podría sancionar. Eso genera una sensación de impunidad. ¿Qué mensaje le estás dando a la ciudadanía? Que podrás usar tu cargo para hacer campaña sin consecuencias.”
El dictamen aún debe pasar por el Pleno, pero ya genera fuertes críticas en sectores políticos y en la sociedad civil. Según Naupari, el Congreso podría evitar estas suspicacias si se remitiera a su propia jurisprudencia, como la opinión consultiva de la Comisión de Constitución en 2018, que señalaba que no se puede hacer campaña con recursos públicos.