Según el Poder Judicial, el pedido de Vladimir Cerrón no puede ser compatible con casos complejos ni de crimen organizado.
El Poder Judicial resolvió no aplicar la llamada ‘Ley Soto’ y rechazó el pedido de prescripción presentado por la defensa de Vladimir Cerrón en el caso Antalsis, por el que es investigado debido a la presunta comisión de cohecho pasivo propio, así lo dio a conocer el Ministerio Público en sus redes sociales.
«Fiscalía Anticorrupción de Lima (2.° Despacho) logró que se declare infundada la solicitud de prescripción de la acción penal formulada por la defensa del investigado Vladimir Cerrón Rojas por el presunto delito de cohecho pasivo propio, en el caso Antalsis», se lee en el comunicado difundido en X, antes Twitter.
📢#LoÚltimo | Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción (2.° Despacho) logró que se declare infundada la solicitud de prescripción de la acción penal formulada por la defensa del investigado Vladimir Cerrón Rojas por el presunto delito de cohecho pasivo propio, en el caso Antalsis. pic.twitter.com/ec139HYoPj
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 12, 2024
Según la resolución judicial emitida por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, el pedido de la defensa de Cerrón Rojas fue porque «el plazo de suspensión de prescripción de un año es un plazo razonable». Además, dicho pedido no puede ser compatible con casos complejos ni de crimen organizado, como este.
En ese sentido, el prófugo de la justicia intentó aplicar la Ley 31751, llamada ‘Ley Soto’, la cual reduce a un año el plazo de suspensión de la prescripción y ha servido a diversos congresistas y políticos investigados para librarse de procesos penales, entre ellos, Alejandro Soto, el autor de la norma.
Sin embargo, en la resolución judicial se decidió «inaplicar, a través del control constitucional, el control difuso la Ley N.º 31751, que modifica el artículo 84º del Código Penal y establece que el plazo de suspensión será no mayor a un año, de conformidad a lo establecido en el artículo 138º de la Constitución Política del Perú».
El líder de Perú Libre es acusado de integrar la presunta organización criminal del investigado Martín Belaunde Lossio, la cual habría defraudado al Estado con más de S/26 millones mediante contratos irregulares en distintas obras de infraestructura, cuando Vladimir Cerrón era gobernador de Junín entre 2011 y 2014.
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