ATU aprueba beneficio para transportistas afectados por extorsiones
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) aprobó un nuevo beneficio económico dirigido a los operadores formales de transporte terrestre que enfrentan una complicada situación financiera, agravada por la inseguridad y los casos de extorsión que afectan al sector.
Este beneficio se materializa a través del Programa de Regularización de Sanciones en materia de transporte terrestre (PRS), aprobado mediante resolución de la Presidencia Ejecutiva de la ATU y publicado en el diario oficial El Peruano. El programa ofrece la posibilidad de reducir significativamente las deudas acumuladas por infracciones administrativas.
De acuerdo con la norma, los transportistas que se acojan al PRS podrán acceder a descuentos de hasta el 95% en el monto de las sanciones impuestas por incumplimientos a la normativa de transporte. Además, se contempla la condonación total de los costos y gastos administrativos asociados a estos procedimientos.
¿PARA QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?
El programa está dirigido a operadores formales de todas las modalidades de transporte terrestre, tanto regular como especial. Esto incluye buses de transporte público, taxis en sus distintas categorías, así como servicios de transporte de personal y de estudiantes, siempre que se encuentren debidamente autorizados.
Para acceder al beneficio, los transportistas deberán aceptar de manera voluntaria la infracción administrativa y desistir de cualquier proceso de impugnación que tengan en curso, ya sea en la vía administrativa o judicial. Esta condición permitirá cerrar o archivar los procedimientos sancionadores relacionados con las faltas regularizadas.
La ATU precisó que el programa tendrá un plazo de adecuación de 30 días hábiles desde la publicación de la resolución y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. No obstante, el beneficio no será aplicable a infracciones vinculadas a la prestación de servicios de transporte informal, las cuales continúan sujetas a las sanciones establecidas por la normativa vigente.