Compra y venta de chips activados: el negocio ilegal que alimenta la extorsión en el país
En pleno Centro de Lima, a pocos metros del Centro Cívico, una transacción aparentemente inocente revela el alcance de un delito silencioso que afecta a miles de peruanos. En los puestos ambulantes de telefonía, donde se ofrecen chips de cualquier operador, basta mencionar dos palabras “chip activado” para obtener un número telefónico nuevo sin presentar ningún documento. El proceso es rápido, cuesta apenas 20 soles y se realiza a nombre de otra persona.
Un equipo de Punto Final comprobó esta práctica al adquirir un chip de la empresa Entel sin entregar dato personal alguno. El titular real del número, un ciudadano de Collique, negó ser propietario de las siete líneas que figuran registradas a su nombre. Como él, miles de peruanos son víctimas de mafias que suplantan identidades para activar líneas utilizadas, principalmente, en delitos de extorsión.
UNA LEY QUE CASTIGA AL VENDEDOR, PERO NO AL SISTEMA
El Congreso aprobó en 2023 la Ley 32451, que penaliza con hasta nueve años de prisión la venta y activación ambulatoria de chips telefónicos. La norma también obliga a Osiptel a implementar un sistema que permita rastrear todo el proceso de contratación y activación de líneas móviles. Sin embargo, según explicó el director de Fiscalización de Osiptel, Luis Pacheco, esta herramienta aún no está operativa, pese a la urgencia de contar con ella.
Los datos del propio organismo regulador reflejan la magnitud del problema: las solicitudes de información de las autoridades sobre líneas vinculadas a hechos delictivos pasaron de 220 en 2020 a más de 90 mil en 2025. Y aunque las penas se han endurecido, la venta ilegal de chips continúa. En los últimos días, Punto Final documentó la compra de tres chips activados, todos a nombre de personas que desconocían haber sido usadas por estas mafias.
OPERADORES SIN SANCIÓN Y UN VACÍO LEGAL
Casos como el de Alonso Cornejo, un comunicador que descubrió que era titular de una línea que jamás contrató, evidencian que el delito va más allá del comercio ambulatorio. En su caso, la línea incluso había cambiado de operador sin su conocimiento. Si bien el Ministerio Público ya identificó a los responsables directos, la pregunta es inevitable: ¿no deberían responder también las operadoras por permitir este tipo de activaciones?
El exdirector de Osiptel, Rafael Muente, sostuvo que durante la discusión de la Ley 32451 se eliminó un párrafo que establecía responsabilidad penal para los altos funcionarios de las operadoras que toleraran estas ventas. Entre 2019 y 2025, Osiptel ha impuesto multas por más de 125 millones de soles a las empresas por incumplir las condiciones de venta ambulatoria. ¿Cuánto han pagado hasta ahora? Ninguna. Todas las sanciones están judicializadas.
UNA AMENAZA QUE REQUIERE MÁS PRESENCIA POLICIAL
Desde las operadoras, agrupadas en AFIN, aseguran cumplir estándares internacionales de verificación biométrica y estar comprometidas con la seguridad ciudadana. Sin embargo, lo revelado en el reportaje demuestra que el sistema aún permite brechas graves que facilitan la extorsión. Osiptel reconoce que desde 2022 se ha dado de baja a más de un millón y medio de líneas irregulares, pero cada día se activan miles más.
Mientras el Gobierno evalúa declarar estado de emergencia para frenar la ola de extorsiones, la venta y activación ilegal de chips sigue sin solución efectiva. Las mafias continúan operando y las sanciones a las grandes operadoras parecen no ser suficientes.