Extorsionadores de transportistas en VMT sentenciados a 36 meses de prisión preventiva
El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra ocho presuntos integrantes de la organización criminal denominada *Los mexicanos*, investigada por el delito de extorsión agravada en perjuicio de empresarios de transporte público en Lima, específicamente en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT). La medida fue solicitada por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, al considerar que existían graves y fundados elementos de convicción, así como peligro de fuga y de obstaculización de la investigación.
Los procesados son Gustavo Valera, Fabrizio Aquino, William Tarazona, Jesús Herrera, Rocío Sandoval, Zoila Mendoza, José Huanca y Glendy Ramírez, quienes, según la tesis fiscal, integraban una estructura criminal dedicada al cobro sistemático de cupos con el objetivo de tomar el control territorial de rutas y empresas de transporte en Villa María del Triunfo. Todos ellos deberán afrontar el proceso penal en condición de reclusión mientras continúan las diligencias del Ministerio Público.
PRINCIPALES VÍCTIMAS
De acuerdo con la investigación, una de las primeras víctimas fue una empresa de transporte público a la que se le exigió el pago de cuotas semanales de S/ 2.500. A cambio, los extorsionadores ofrecían no atentar contra la vida ni la integridad de los trabajadores y permitir la continuidad del servicio. Este hecho se habría producido en septiembre de 2024, periodo en el que se registraron amenazas directas y mensajes intimidatorios dirigidos a los representantes de la empresa.
Durante las diligencias fiscales, se determinó que el presunto cabecilla de la organización criminal sería Erick Llufire Oré, quien, pese a encontrarse recluido en el establecimiento penitenciario de Aucallama, en la provincia de Huaral, continuaba dirigiendo las actividades ilícitas. Según la Fiscalía, Llufire Oré impartía órdenes desde prisión, estableciendo un claro orden jerárquico y ejerciendo poder de mando sobre los demás integrantes.
Asimismo, se identificó que el cobro de las cuotas extorsivas se realizaba mediante depósitos a cuentas bancarias pertenecientes a los investigados o a familiares directos de estos, con el fin de dificultar el rastreo del dinero. El Ministerio Público señaló que este caso evidencia el alto grado de organización y la peligrosidad de la banda, así como la necesidad de medidas severas para frenar la expansión de las extorsiones en el sector transporte.