Ella se movilizaba en un taxi cuando fue sorprendida por dos sicarios que atacaron el auto a balazos.
Andrea Jazmín Vidal Gómez, una extrabajadora del Congreso, falleció hoy martes 17 de diciembre luego de permanecer 7 días en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Dos de Mayo. Ella había sido una de las víctimas de un feroz ataque a balazos propinado por unos sicarios el 9 de diciembre, en el cruce de las avenidas Santa Catalina y San Eugenio, en La Victoria.
Ella se movilizaba en un taxi cuando fue sorprendida por sicarios que llegaron en un auto y 2 motocicletas. Estos dispararon alrededor de 40 balazos para atentar contra su vida. El taxista, identificado como José Daniel Briceño Vargas, de nacionalidad venezolana, murió al instante producto de este ataque.
La abogada Andrea Vidal, de 27 años de edad, quien se desempeñó como asesora de Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Jurídica y Constitucional del Congreso, terminó con múltiples heridas en la cabeza y el brazo.
De acuerdo a su descripción en su cuenta de LinkedIn, era asesora legal con experiencia y formación en derecho empresarial y administrativo. En el Congreso de la República, realizaba labores de apoyo en la elaboración y revisión de proyectos de ley, informes y dictámenes relacionados con el sector privado y el ordenamiento jurídico nacional.
Tras ocurrido el ataque de los sicarios contra Andrea Vidal y el taxista que la transportaba, diversos medios de comunicación informaron que el atentado tendría como objetivo encubrir una presunta red de criminal vinculada a la explotación sexual, que funciona (o funcionaba) al interior del Congreso de la República.
Producto de estas revelaciones, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, destituyó a Jorge Torres Saravia de su cargo como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, tras ser acusado de formar parte de la mencionada red criminal. Andrea Vidal habría sido cómplice en la contratación de mujeres, dentro del Legislativo, que no tenían preparación ni experiencia, y que se habrían dedicado a ofrecer servicios alejados a los lineamientos laborales de ese poder del Estado.
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