¿Qué es y cómo funcionará la nueva División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional?
En medio del incremento de casos de extorsión y sicariato en el país, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público anunciaron una alianza estratégica para enfrentar de manera conjunta a la criminalidad organizada. Tras meses de tensiones institucionales, ambas entidades presentaron la creación de la División de Investigación de Extorsiones, un nuevo equipo dentro de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) que buscará frenar el avance de estas bandas delictivas.
Durante la conferencia de prensa conjunta, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, reconoció que los desencuentros entre ambas instituciones habían debilitado la lucha contra el crimen organizado. “Ha existido un distanciamiento y ciertos roces que favorecieron la actuación de la criminalidad, especialmente de los extorsionadores y sicarios”, indicó. En ese contexto, el anuncio de esta nueva división representa un esfuerzo por recuperar la coordinación operativa entre el Ministerio Público y la Policía Nacional.
Por su parte, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, explicó que la nueva unidad contará con equipos especializados enfocados en distintos sectores: transporte público, colegios, construcción y pequeños comerciantes, como los bodegueros, quienes en los últimos meses se han convertido en blanco frecuente de las mafias. El objetivo, dijo Arriola, es “actuar de forma directa y rápida frente a las denuncias, sin trabas burocráticas ni demoras judiciales”.
LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO
Uno de los puntos más destacados del proyecto es la agilización del levantamiento del secreto bancario, una herramienta clave para rastrear el dinero de las extorsiones. Arriola reveló que este procedimiento, que antes podía demorar uno o dos meses, ahora podrá concretarse en solo seis horas, previa solicitud del Ministerio Público y autorización judicial. “El Estado va a responder con inmediatez. Este es un paso firme para cortar el flujo económico de las organizaciones criminales”, enfatizó.
Además, las autoridades informaron que se presentará un proyecto de ley para ampliar los plazos de detención en casos de flagrancia y detención preliminar. En adelante, la flagrancia pasará de 48 a 72 horas, mientras que la detención preliminar se extenderá de 7 a 15 días. Estas modificaciones buscan dar más margen a la Policía y a la Fiscalía para recolectar pruebas y desarticular redes de extorsión y sicariato antes de que sus cabecillas puedan escapar o destruir evidencia.
NO SE LIMITARÁ SOLO EN EL SECTOR TRANSPORTE
Durante la presentación, el fiscal coordinador Jorge Chávez Cotrina aclaró que el trabajo de esta nueva división no se limitará a las extorsiones en el sector transporte. “También hay emprendedores y empresarios de otros rubros que están siendo víctimas de este tipo de delitos. Vamos a atender todos los casos sin excepción”, señaló.
Con esta nueva división y las reformas anunciadas, el Gobierno y las autoridades judiciales buscan recuperar la confianza ciudadana y dar una señal clara: el Estado está decidido a responder con firmeza ante la ola de extorsiones que golpea al país.