¿Se pagó parte del rescate que exigían por la empresaria de abarrotes?

Tras un megaoperativo, agentes de la Policía Nacional lograron rescatar con vida a la empresaria de 35 años que fue secuestrada en la cuadra 4 del jirón Verona, en la urbanización Fiori, en San Martín de Porres, el pasado 20 de febrero.

La empresaria fue hallada por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en una vivienda de tres pisos ubicada en la zona de Tayacaja, en San Martín de Porres.

La mujer fue secuestrada por varios sujetos, en la zona de Fiori, en SMP, ante la mirada de sus vecinos. El momento de terror quedó registrado por las cámaras de seguridad ubicadas en la zona. Los hampones pedían 2 millones de soles para la liberación de la empresaria, que estuvo retenida por cinco días.

¿SE PAGÓ EL RESCATE QUE EXIGÍAN POR LA EMPRESARIA DE ABARROTES?

De acuerdo al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, la familia de la empresaria decidió negociar con los secuestradores y accedieron a realizar un pago de aproximadamente 85 mil soles para liberar a la víctima. Sin embargo, los delincuentes se negaron a entregar a la mujer, exigiendo mucho más dinero bajo la amenaza de asesinarla. Fue en ese contexto que la PNP decidió intervenir.

«Se pagó un monto y los delincuentes decidieron no liberarla, entonces se tomó la decisión de actuar. Con el equipo SUAT se ingresó al inmueble, se logró la liberación y se han encontrado granadas de guerra, armamento y el vehículo utilizado en el secuestro. En la víctima no hay signos de maltrato físico, pero sí de maltrato psicológico», detalló el titular del Mininter.

¿QUIÉNES SECUESTRARON A LA EMPRESARIA?

El operativo fue exitoso y se logró detener a 14 presuntos integrantes de la organización criminal (entre peruanos y extranjeros), tanto en la vivienda donde se encontraba retenida la empresaria como en la zona de Lurín, al sur de Lima.

El ministro del Interior pidió a la Fiscalía de la Nación que aplique las máximas sanciones contra los secuestradores, es decir, en primer término, que se les dicte 36 meses de prisión preventiva y, luego, una condena de 20 a 25 años de cárcel.

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