La defensa de la presidenta Dina Boluarte apela a la imposibilidad jurídica de la denuncia y señala que se vulneran sus derechos constitucionales.
Javier Arévalo mencionó que la aplicación de la ley dependerá de los jueces peruanos, quienes decidirán si es constitucional o no aplicarla mediante el control difuso.
Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima, alertó sobre la posibilidad de que el Estado peruano enfrente consecuencias de corte económicas al no acatar la resolución de la Corte IDH.
La audiencia será crucial para determinar si Ramírez y los demás investigados podrán seguir moviéndose libremente o si deberán enfrentar las restricciones solicitadas por el Ministerio Público.
El abogado Fernando Ugaz comunicó su decisión justo antes de que el Poder Judicial inicie el juicio oral por el caso Lomas de Ilo.
El presidente del Poder Judicial se pronunció respecto a la decisión de la CIDH de recomendar que el PJ intervenga sobre el proyecto que dispone la prescripción de crímenes de lesa humanidad.
El expresidente es acusado por el delito de cohecho pasivo propio.
La Primera Sala Constitucional decidió que el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que fue el sustento para destituir a Vásquez y Tello también fuera anulado. Además, se lanzó una advertencia al Parlamento para que no tome represalias contra otros miembros de la Junta Nacional de Justicia.
La presidenta Mercedes Caballero García declaró reo contumaces a los investigados Luis Barboza Dávila, Juan Luna Frisancho, Ítalo Pachas Quiñones y Melissa Keiko Sasaki por no haber concurrido al inicio del juicio oral.
Alarino Palma Valladares había atropellado a seis personas en la Av. Abancay.