El informe concluyó que entre el 29 de enero y el 11 de febrero se habrían cometido 46 casos de posible violación de derechos humanos.
Según esta organización, hay un alto riesgo de que las fuerzas de seguridad sigan utilizando estas armas contra los ciudadanos peruanos.
La organización instó a autoridades del Ejecutivo y Legislativo a garantizar la libertad de expresión y el trabajo de la prensa en el Perú.
Además, instaron al Congreso el develamiento de la verdad mediante una investigación fiscal que atribuya responsabilidades y permita a las familias acceder a justicia.
