El exmandatario invocó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a interceder, pues ya se ha solicitado 18 meses de prisión preventiva en su contra.
El requerimiento fiscal también incluye al extitular de Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Ambos personajes son investigados por los delitos de rebelión y conspiración.
Esta organización criminal se dedicaba a comercializar agua potable que debía ser distribuida gratuitamente en zonas vulnerables de San Juan de Lurigancho y Jicamarca.
También se incluye a la extitular de la PCM, Betssy Chávez, y a los exministros Roberto Sánchez y Willy Huerta. Como se recuerda, el Parlamento levantó la inmunidad del exmandatario.
Insistió que la decisión del expresidente sobre el fallido intento de golpe de Estado que perpetró jamás fue consultada ante el Gabinete Ministerial aquel miércoles 7 de diciembre.
La misma tendrá carácter extraordinario y se desarrollará a partir de las 17.00 horas, con asistencia presencial o virtual. En ella, se pondrá en conocimiento las diligencias a tomar.
Francisco Brizuela, presidente del Instituto de Medicina Legal, alegó que jamás se le obligó al exmandatario pasar por estas pericias; por el contrario, siempre le solicitaron su consentimiento.
Durante las diligencias lideradas por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se lacraron documentos y algunos equipos de cómputo como parte de la investigación.
Dentro de los detenidos se encuentran ocho regidores y el teniente alcalde. Funcionarios gestionaron la contratación de trabajadores fantasmas a cambio de dádivas.
En Huanta, Ayacucho, uno de los presuntos asesinos confesó ante la PNP que apuñalaron al adolescente hasta matarlo luego de una discusión por un celular.
