El exjuez Supremo no podrá ejercer cargos públicos por un periodo de 4 años y deberá pagar una reparación civil de S/100.000 al Estado.
Personal de la Fiscalía y la Diviac realizaron el allanamiento de los inmuebles, como parte de la investigación por los aportes de Odebrecht en las campañas del 2011 y 2016
