La autoridad del Minjus adelantó que aunque el exmandatario utilice algunos recursos jurídicos para dilatar su deportación, la justicia peruana aguardará por él.
Juez señala que las pruebas de criminalidad presentadas en su caso son "suficientes". Decisión final ahora recae en el Secretario de Estado del país norteamericano.
Las diligencias a solicitud del fiscal José Domingo Pérez se realizan en los distritos limeños de Jesús María, Magdalena y Miraflores.
El exjuez Supremo no podrá ejercer cargos públicos por un periodo de 4 años y deberá pagar una reparación civil de S/100.000 al Estado.
Personal de la Fiscalía y la Diviac realizaron el allanamiento de los inmuebles, como parte de la investigación por los aportes de Odebrecht en las campañas del 2011 y 2016
