La denuncia, presentada por abogados y líderes políticos el 20 de agosto del 2024, busca iniciar un proceso por las muertes en las protestas registradas a fines del 2022 e inicios del 2023.
En un informe, que explica las razones de la decisión, se considera también que decenas de policías sean recluidos en penales por la violenta represión en las protestas al inicio del gobierno de Dina Boluarte.
Varios de los manifestantes arribaron a pie desde Lima Norte a través de la carretera Panamericana.
La Corte Superior de Justicia de Lima rechazó en segunda instancia la demanda de amparo presentada por la mandataria.
A las 9:53 horas, la mandataria se retiró de la Fiscalía de la Nación, ubicada en la Av. Abancay, resguardada por un importante despliegue de seguridad del Estado.
Según una publicación de la Sociedad de las Américas (AS) y el Consejo de las Américas (COA), Boluarte quedó en el último puesto de toda América Latina.
El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra el suboficial PNP Joe Erik Torres Lovón por el delito de homicidio en agravio del joven estudiante.
Tras la audiencia realizada en la CIDH, Gloria Cano, abogada de las víctimas, conversó con Latina Noticias y refirió no estar de acuerdo con la lentitud de las investigaciones.
