El presidente electo, Gustavo Petro, se comprometió a implementar las recomendaciones de la comisión, que incluyen un giro hacia un enfoque de regulación de las drogas.
Por Luis Jaime Acosta
BOGOTÁ, 28 jun (Reuters) -Colombia debe reconocer la penetración del narcotráfico en el Estado, la política y la economía para encararlo como nación y cambiar su política contra las drogas, uno de los factores que sostiene el violento conflicto armado, dijo el martes la Comisión de la Verdad en su informe final.
Bajo el lema «hay futuro, si hay verdad», la comisión entregó su informe sobre el conflicto armado interno de Colombia, que de acuerdo con fuentes de seguridad y académicos se financia de la producción y el tráfico de cocaína.
El presidente electo, Gustavo Petro, se comprometió a implementar las recomendaciones de la comisión, que incluyen un giro hacia un enfoque de regulación de las drogas.
«Reconocer la penetración del narcotráfico en la cultura, el Estado, la política y la economía y encararlo como nación», dijo el presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, en la presentación del informe, que también recomendó «cambiar la política de guerra que ataca en el campesino al eslabón más débil».
De acuerdo con el Gobierno y las Fuerzas Militares en el narcotráfico están involucradas disidencias de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016, la guerrilla del ELN y bandas criminales como el Clan del Golfo que obtienen de la siembra de hoja de coca, así como de la producción y el tráfico de cocaína millonarios ingresos.
La Comisión de la Verdad también pidió al Estado tomar la iniciativa por la paz y solicitó a todos los grupos armados ilegales «escuchar el clamor del pueblo que pide parar la guerra ya desde todos los lados y ponerse en la ruta del diálogo desde la diversidad de metodologías y situaciones regionales».
También recomendó avanzar en la implementación del acuerdo de paz firmado con las FARC que permitió que unos 13.000 integrantes del grupo rebeldes abandonarán la lucha armada y conformarán un partido político.
La Comisión de la Verdad surgió como parte de un acuerdo de paz de 2016 entre la entonces guerrilla de las FARC y el Gobierno de la época para poner fin al conflicto interno de más de cinco décadas que ha dejado 450.000 muertos, 121.000 desaparecidos, 50.770 secuestros y 7,7 millones de desplazados.
Víctimas, el eje del informe
El informe denunció graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en medio de la confrontación como masacres, desapariciones forzadas, secuestros, reclutamiento de niños, desplazamiento forzado, torturas, abusos sexuales y ejecuciones extrajudiciales.
El informe contiene los principales hallazgos, reflexiones y conclusiones sobre lo que sucedió en el conflicto y un conjunto de recomendaciones para sentar las bases para la no repetición, la reconciliación y una paz estable.
La comisión escuchó una diversidad de voces que incluyó a más de 30.000 víctimas, responsables, miembros de las Fuerzas Armadas, jóvenes, empresarios, antiguos comandantes de las FARC, así como demás actores y sectores que estuvieron relacionados directa e indirectamente con las hostilidades.
«Todo ocurrió en un entramado de intereses políticos, institucionales, económicos, culturales, militares y de narcotráfico. Donde las responsabilidades son distintas para quienes ejercían el poder del Estado y lo defendían, debiendo respetar las leyes y para quienes se levantaron en armas y negaron la legitimidad del Estado», aseguró el informe.
Petro, quien recibió el informe final de la comisión, se comprometió a tener en cuenta las recomendaciones durante su gobierno que comienza del 7 de agosto.
«Debemos cortar los ciclos de la venganza, que nos llevan una y otra vez hacia la violencia», dijo el mandatario electo en el acto de presentación del informe.
(Reporte de Luis Jaime Acosta)
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