A tres días de ser designado, Javier León adujo razones personales para explicar su alejamiento del cargo. La Fiscalía lo investiga por un presunto fallo a favor del narcotraficante.
El recientemente designado procurador general del Estado, Javier León Mancisidor, dejó el cargo a solo tres días de asumir el cargo, alegando razones personales. Luego de su elección, fue señalado por presuntos nexos con el narcotraficante ‘Lunarejo‘.
En diálogo con la prensa, León afirmó que su alejamiento se da «por decisión familiar» y descartó cualquier tipo de falta de capacidad e idoneidad para ejercer el puesto. Asimismo, dio a conocer la trayectoria por la que fue elegido en el cargo por el Gobierno de Pedro Castillo.
«Tengo 20 años en el ejercicio profesional, he trabajado en la Procuraduría de Terrorismo casi cinco años, he participado en juicios como el de la cúpula de Sendero Luminoso y Abimael Guzmán. No es un tema de capacidad, simplemente, mi familia ha sido bastante afectada con esta situación», remarcó.
Asimismo, rechazó cualquier tipo de vinculación con Fernando Zevallos González, narcotraficante que cumple una condena de 20 años de prisión desde 2005 por tráfico de drogas. «No he tenido, no tengo y no tendré un vínculo con él», aseveró.
Como se recuerda, el jueves 6 de octubre, el Gobierno eligió a León Mancisidor en reemplazo de María Aurora Caruajulca Quispe. La Décima Fiscalía Penal Provincial de Lima lo investiga por los presuntos delitos de apropiación ilícita para delinquir, falsificación de documentos y fraude procesal.
Las diligencias de la Fiscalía contra Javier León se deben a que habría favorecido a la familia de Fernando Zevallos González, evitando su desalojo de una residencia en la exclusiva zona de Las Casuarinas, en Surco, valorizada en un millón de dólares.
Zevallos González, bajo la fachada de un exitoso empresario, financió la compañía Aero Continente con dinero del narcotráfico. La droga era exportada principalmente a Estados Unidos, México y Europa. En 2005, fue sentenciado a 20 años por tráfico de drogas, y en 2019, a 25 años por lavado de activos.
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