Feminicidios sin justicia: familias llevan años esperando capturas y respuestas en Perú
Solo en el 2025, 133 mujeres fueron asesinadas bajo la modalidad de feminicidio en el Perú, según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Detrás de las cifras hay vidas e historias sin justicia de madres, hijas y hermanas asesinadas, pero también familias que, después de perder a su pariente, deben enfrentar al tiempo en los procesos largos para obtener una sola respuesta: justicia. En Punto Final, recogimos algunos de estos casos.
Sin rastro: los feminicidios con sospechosos prófugos
Uno de ellos es el de Lucía Graciela Bravo López, una estudiante de Psicología de 21 años cuyo cuerpo fue encontrado en abril de 2025 en un descampado de Huamanga, Ayacucho, con un disparo en el pecho. El Estado ofrece una recompensa de S/30 mil por información que permita ubicar a Erasmo Aguilar Cordero, señalado como principal sospechoso del crimen, quien permanece prófugo.
El padre de Lucía, Jesús Bravo, sostiene que su hija había sufrido constantes maltratos y amenazas por parte del sospechoso. Tras el crimen, Aguilar habría escapado hacia la zona del VRAEM. Ante la falta de resultados en su búsqueda, Bravo decidió viajar personalmente a la zona para intentar encontrarlo.
El caso de Lucía no es el único. Marisol Estela Alva fue asesinada en 2018 en Villa El Salvador y su cuerpo fue encontrado dentro de un cilindro. Por este crimen es buscado Luis Estebes Rodríguez, quien continúa libre casi ocho años después. En Comas, Ericka Valdez Spozzito fue asesinada en 2022 y su expareja, Richard Montoya, permanece prófugo pese a que existe una recompensa de S/50 mil por información sobre su paradero.
En Arequipa, el caso de Deysi Flores también permanece sin resolución definitiva. Fue asesinada en 2018 por su pareja, el ciudadano estadounidense Tony Perales, quien confesó el crimen, pero posteriormente quedó en libertad y huyó del país. Sobre él existe una recompensa de S/20 mil.
La demora también aparece en casos donde hubo intervención judicial. Pilar Antezana desapareció el 4 de agosto de 2022, luego de una discusión con su esposo. Cuatro años después, su cuerpo aún no ha sido encontrado. En abril de 2025, el esposo fue condenado a 24 años de prisión, pero en mayo de 2026 una sala de apelaciones anuló la sentencia y ordenó repetir el juicio. Para la familia, el proceso volvió prácticamente al inicio.
Capturas, recapturas y condenas al aire: los procesos que avanzan con tropiezos
El caso más reciente es el de Elvira Mallqui, enfermera de 30 años. Fue encontrada sin vida en marzo de 2026 en el cuarto que alquilaba en Santa Anita. Seis meses después, se inició recién el pedido de declaraciones, sin sospechosos. “Nos gustaría pedir estar pendientes porque es muy doloroso. Queremos justicia, queremos que esto no se quede ahí, que no pasen años y años y, a las finales, como se dice, quede archivado”, exige Susan Melgarejo, allegada.
En Tingo María, Lesly Valeria Vicente Félix, estudiante de ingeniería civil de 19 años. Fue encontrada muerta en julio de 2020. Inicialmente, su familia recibió la versión de que se habría suicidado, pero la necropsia legal determinó que sufrió múltiples heridas y que se trataba de un feminicidio. En abril de 2026, la Fiscalía acusó a dos hombres y solicitó 20 años de prisión para cada uno. En la actualidad, estos imputados afrontan el proceso en libertad.
En Tumbes, Claudia Sedano, de 50 años, sobrevivió a un ataque ocurrido en diciembre de 2023 cuando intentó defender a una joven que era agredida por su pareja, Héctor David Gómez. La mujer sufrió graves lesiones en la cabeza y quedó con daño neurológico y pérdida de memoria. El procesado por intento de feminicidio y lesiones graves escapó a Venezuela y actualmente se encuentra libre, según la información presentada por el reportaje.
Blanca Reyna Lara, una joven de 20 años, desapareció en octubre de 2024 cuando viajaba desde La Libertad a Lima. Después de un tiempo, un serenazgo encontró en un contenedor de basura restos humanos que su familia pudo identificar por un tatuaje. Su pareja, Pablo Valencia Román, es el principal sospechoso, pero que actualmente sigue no habido desde noviembre de 2025, mes en que habría huido a Bolivia. Recién en el 2026 se le dictó prisión preventiva.
Según información atribuida al Ministerio Público para el periodo 2024-2025, tres de cada diez mujeres asesinadas ya habían denunciado previamente a su agresor. Para las familias entrevistadas por Punto Final, el reclamo no se limita a la captura de los responsables: también exige que las investigaciones avancen y que las instituciones respondan antes de que los años terminen convirtiendo los casos en expedientes olvidados.