Fiscalía investiga presunta trata de peruanos enviados a la guerra entre Rusia y Ucrania
Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas de Lima y Lima Norte iniciaron investigaciones preliminares tras las denuncias de familiares de ciudadanos peruanos que habrían sido llevados a Rusia bajo falsas promesas de trabajo. Según las acusaciones, las víctimas fueron captadas mediante ofertas laborales vinculadas a seguridad y otros oficios, con la promesa de recibir pagos atractivos.
De acuerdo con la información proporcionada ante la Policía, una vez que los peruanos llegaron a territorio ruso, habrían sido obligados a participar en acciones militares relacionadas con la guerra entre Rusia y Ucrania. Los denunciantes señalan además que, en varios casos, los ciudadanos perdieron contacto con sus familias luego de ser trasladados a zonas de conflicto.
Ante esta situación, el Ministerio Público abrió diligencias por el presunto delito contra la dignidad humana, en la modalidad de trata de personas y trata de personas agravada. Entre las primeras acciones se encuentran la toma de declaraciones de familiares, pedidos de información a la Cancillería y a Migraciones, además de coordinaciones con la División de Investigación de Trata de Personas de la Policía Nacional.
SOBRE EL CASO
Las investigaciones surgen luego de que al menos 135 familiares presentaran denuncias formales en Lima. Los abogados de las familias aseguran que muchos de los afectados habrían firmado contratos para trabajar en Rusia, pero al llegar les retiraron sus pasaportes y posteriormente fueron enviados a la primera línea de combate. Además, estiman que en otras regiones del país podrían existir cerca de 250 casos similares.
Frente a este escenario, el Gobierno peruano remitió a la Embajada de Rusia en Lima una lista con los nombres de ciudadanos peruanos ubicados presuntamente en la zona de guerra, solicitando información urgente sobre su estado de salud, ubicación y situación actual. La representación diplomática rusa respondió que brindará información conforme a la legislación vigente y en coordinación con las personas autorizadas por los propios ciudadanos.
La Cancillería peruana informó también que se ha conformado un grupo de trabajo integrado por representantes del Ministerio Público, la Policía Nacional y los ministerios del Interior, Defensa y Trabajo para monitorear el caso y coordinar posibles acciones internacionales. Mientras tanto, la Fiscalía exhortó a la población a desconfiar de ofertas laborales en el extranjero que no cuenten con garantías verificables para evitar nuevas situaciones de explotación y riesgo.