El abogado señaló que "existe una obsesión procesal por meter preso" a Nicanor Boluarte, hermano de la Presidenta acusado de ser cabecilla de una organización criminal.
Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, señaló que el pedido de prisión preventiva de 36 meses solicitado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) contra su defendido «es arbitrario, desproporcionado y carece de sentido».
En entrevista con el programa ‘Buenas nuevas, malas nuevas’ de Latina Noticias aseguró que «no existe una razón que justifique que mi patrocinado sea investigado privado de su libertad. Existe una obsesión procesal por meterlo preso. No se ha afectado ningún arraigo ni se ha cometido ningún acto de obstaculización».
En ese sentido, el abogado Luis Vivanco manifestó que el hermano de la presidenta Dina Boluarte va a colaborar durante todo el procedimiento que lleve adelante el Poder Judicial y que, sea cual sea su decisión, Nicanor Boluarte la va a acatar.
En el marco del caso ‘Waykis en la sombra’, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) ha solicitado 36 meses de prisión preventiva para un grupo de investigados, entre los que se encuentran Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y Mateo Castañeda, quien hasta mayo pasado fue su abogado defensor.
Este pedido, encabezado por el fiscal superior Marita Barreto y presentado este miércoles ante la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE), también involucra a Jorge Luis Ortiz Marreros, exdirector de la Dirección General de Gobierno Interior, así como a Zenovia Griselda Herrera Vásquez y los hermanos Jorge y Noriel Chingay Salazar.
La evaluación de esta solicitud está programada para este viernes 9 de agosto por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien ya ha dictado medidas similares.
Cabe recordar que la Fiscalía señala a Nicanor Boluarte como cabecilla de una organización criminal que habría comenzado a operar después de que su hermana, Dina Boluarte, asumiera la Presidencia de la República, utilizando su influencia para controlar el aparato estatal y facilitar la inscripción de su partido político ‘Ciudadanos por el Perú’.
Por su parte, Mateo Castañeda es acusado de haber intentado frenar las investigaciones contra Nicanor Boluarte mediante ofertas ilícitas a miembros del desactivado Equipo Especial de la Policía, que apoyaba al Eficcop. Estas acusaciones llevaron a la detención preliminar de los implicados en mayo pasado, aunque la medida fue posteriormente revocada en segunda instancia.
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