Alejandro Soto: Poder Judicial admite juicio oral para el 2024 por denuncia de reparación civil 

El Poder Judicial aceptó iniciar juicio oral contra el actual presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, ante la denuncia de fraude y estafa realizada por la empresa de Transportes Turísticos Waynapicchu S.A., la cual exige una reparación civil de S/1′371.981,58. 

El Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Cusco aceptó darle inicio a este proceso, sin embargo, ha citado la audiencia recién para el 13 de mayo de 2024 a las 9 de la mañana. 

Latina Noticias tuvo acceso exclusivo al expediente a cargo de la jueza Yeny Marleni Olivares Tapia, en donde se les imputa el delito de administración fraudulenta a Alejandro Soto y otras cinco personas. 

Esta respuesta judicial se da luego de que la empresa de Transportes Turísticos Waynapicchu presentara una demanda contra Soto y los otros implicados debido a que el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Cusco prescribiera la acción penal el pasado 14 de agosto. 

Mario Justo Sequeiros Fajardo, Juan José Durand Gonzales, José Carlos Quenta Escalante, Dante Flores Medina y Marco Antonio Quenta Escalante son los otros investigados. 

La fiscalía había solicitado ocho años y ocho meses de prisión para Alejandro Soto y el pago de S/84.436,92 respecto del total solicitado de reparación civil por su implicancia en dos de los cuatro hechos de la demanda.  

Tanto Alejandro Soto como los otro implicados se habría visto beneficiado al pedir la aplicación de la Ley N°3175, la cual reduce a un año el plazo de la suspensión de la prescripción para todos los procesos penales. 

Ley aprobada por el Congreso de la República en mayo de este año, en donde inclusive Alejandro Soto votó a favor. 

EL CASO 

La empresa de Transportes Turísticos Waynapicchu S.A. denuncia a Alejandro Soto por el cobro indebido de servicios profesionales que no cumplieron con el contrato.  

Estos cobros se los habría realizado el mismo congresista de Alianza para el Progreso (APP), cuando era el asesor legal de la empresa. 

A esto se suma la venta irregular de un terreno, en donde Soto habría falsificado la extensión del mismo. También les habría hecho pagar impuestos que no le correspondía a la empresa.