La defensa técnica argumentó que su patrocinada está siendo procesada por delitos que no estaban tipificados en el Código Penal al momento en que se cometieron.
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, busca anular el juicio en su contra por el caso Cócteles y archivar el proceso penal por los delitos de lavado de activos, organización criminal, entre otros, recurriendo al Tribunal Constitucional. La defensa técnica argumentó que su patrocinada está siendo procesada por delitos que no estaban tipificados en el Código Penal al momento en que se cometieron.
La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, presentó un recurso de agravio constitucional contra la resolución judicial de segunda instancia que declaró improcedente el hábeas corpus a favor de su defensa a fin de que se declare nulas tres resoluciones dictadas por el juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional correspondientes al inicio del juicio y las que declararon infundados los pedidos de archivar los delitos de lavado de activos y organización criminal.
El sustento principal se basa en que los presuntos aportes ilícitos a las campañas presidenciales de 2011 y 2016 no estaban tipificados en el Código Penal en el momento en que se cometieron. Asimismo, la defensa señaló que se le está imputando el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos, el cual fue incorporado en la legislación penal en el 2019.
En primera instancia, el Poder Judicial rechazó el hábeas corpus presentado por Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori. El Tercer Juzgado en los Constitucional de Lima argumentó que el recurso pretendía reexaminar resoluciones ordinarias del juez Víctor Zúñiga bajo el manto de la justicia constitucional, lo cual no correspondía a su jurisdicción. Por lo que la Tercera Sala Constitucional de Lima también desestimó el recurso con un razonamiento similar, subrayando que la justicia constitucional no puede usurpar competencias de la jurisdicción penal ordinaria.
Sin embargo, la decisión de este tribunal permitió que la defensa de Fujimori elevara el caso al máximo órgano constitucional del país: Tribunal Constitucional. Con ello, la abogada mantiene la esperanza de obtener un fallo favorable en esta instancia, lo cual tendría implicaciones cruciales y directas para el desarrollo del juicio. Ahora, el TC evaluará una supuesta inconstitucionalidad de las resoluciones del juez Zúñiga y la validez de los argumentos presentados por la defensa de la lideresa de Fuerza Popular.
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