Claudia Sheinbaum designa a nueva embajadora de México en el Perú tras reinicio de relaciones diplomáticas
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum designó a Lydia Antonio de la Garza como nueva embajadora en el Perú, dos meses después de que se reiniciarán las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. El último representante fue Pablo Monroy, quien fue expulsado en el 2022.
La funcionaria pertenece al Servicio Exterior Mexicano y trabaja como directora ejecutiva “B” del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), de la Cancillería. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero.
Tiene más de 25 años de experiencia en la promoción y defensa de los intereses de México y la protección de los derechos de sus connacionales. Ha ocupado cargos de alta responsabilidad en la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Economía. En la última, supervisó la operación de los acuerdos comerciales suscritos con más de 50 países y lideró las negociaciones para la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
EL REINICIO DE LAS RELACIONES
A inicios de agosto Los gobiernos de Perú y México anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, luego de varios meses de ruptura. El acuerdo se concretó después de que la administración de la presidenta Keiko Fujimori otorgara un salvoconducto a Betssy Chávez, ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo, quien había recibido asilo diplomático de México. Ambos países señalaron que la reanudación de los vínculos se sustenta en sus históricos lazos de amistad y cooperación, así como en el respeto al derecho internacional.
El canciller peruano, Carlos Espá, destacó que esta nueva etapa permitirá impulsar iniciativas de cooperación económica y cultural. El Gobierno peruano indicó que la entrega del salvoconducto se realizó conforme a la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954 y precisó que la decisión no implica reconocer que Chávez sea víctima de persecución política. Asimismo, la Cancillería señaló que el Estado peruano se reserva el derecho de solicitar una eventual extradición si las autoridades judiciales lo requieren.