Latina Noticias consultó con el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, quien señaló que lo aprobado en el Parlamento provocará que los mineros ilegales puedan invadir concesiones que terceros tienen con el Estado. Pidió que el premier Gustavo Adrianzen se pronuncie al respecto.
Por Rodrigo Chillitupa | @RodrigoCT_94
El Pleno del Congreso de la República aprobó el miércoles pasado la Ley 7278 que derogó el Decreto Legislativo 1607 que bloqueaba al avance de la minería ilegal. La primera votación fue de 79 votos a favor, 16 en contra y 11 abstenciones. Este resultado fue ratificado en una segunda instancia en la representación nacional.
La norma salió de la Comisión de Energía y Minas, cuya presidencia está en manos de Segundo Quiroz (Bloque Magisterial), y terminó respaldada por bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso (APP) que anunciaron su respaldo a pesar de las serias implicancias que tiene desde el punto de vista de combatir a mafias que depredan zonas mineras.
Latina Noticias consultó con el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, quien señaló que con la derogación del Decreto Legislativo 1607 va tener dos implicaciones muy puntuales: los mineros ilegales tendrán más facilidades para que realicen sus actividades criminales sin ningún tipo de sanción y tampoco tendrán la obligación de formalizarse de manera inmediata.
«El decreto derogado la daba facultades a la Policía Nacional del Perú a que intervenga a estos criminales que muchas veces tienen materiales explosivos y dinamita para depredar zonas donde hay actividad minera. Con esto que ya no es prohibido, ya no se les podrá detener», mencionó.
Además, el experto refirió que también se ha dejado sin efecto la disposición para que los mineros ilegales con inscripción suspendida puedan regularizar su situación ante el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Actualmente, hay 87 146 mineros inscritos en el Reinfo, de los cuales solo el 21% tiene inscripción vigente y el 79% restante tiene sus inscripciones suspendidas. Este último grupo tenía un plazo para regularizar hasta el 20 de marzo próximo, pero se le ha extendido hasta diciembre próximo como lo exigían en diversas marchas.
«El plazo era hasta marzo de este año. Es decir, el que no estaba inscrito no podía actuar, pero al quitar esto ya tendrán carta libre para operar sin problemas», mencionó. Agregó que con la derogación del Decreto Legislativo 1607 se podría agudizar la situación en zonas de Puno, Apurímac, La Libertad y Piura, donde la minería ilegal e informal se podría consolidar aún más.
De otro lado, Descalzi mencionó que lo sucedido tendrá un impacto en la minería formal.
«El Perú, hace muy poco, fue a Canadá a un evento en el que se buscó que haya mayor inversión minera. Entonces, las inversiones mineras miran muchos aspectos como la riqueza minera que pueda tener. En segundo lugar, las condiciones para el desarrollo del Perú. Ven el marco legal, el respeto a las leyes, la calidad del Poder Judicial, el respeto a los contratos, la seguridad, el terrorismo, etcétera. Por estos últimos factores es que el país ha ido perdiendo ese interés que debería despertar en los inversionistas y uno de los efectos es el de la minería ilegal que invade concesiones», anotó.
Tras la aprobación de la derogatoria del Decreto Legislativo 1607, el Ministerio de Energía y Minas lanzó un breve comunicado en el que ratificó que trabajarán en una ley para regular la pequeña minería y la actividad minera artesanal. Ante tal respuesta, el exministro Descalzi cuestionó lo permisivo que ha sido la cartera dirigida por Rómulo Mucho.
«No le encuentro sentido al comunicado del Ministerio de Energía y Minas. Ningún ministerio puede decir que bueno va a obedecer la ley y lo que se ha indicado. Al menos, lo que puede hacer es objetar o dar sus argumentos porque estamos hablando de dos poderes del Estado, como el Ejecutivo y Legislativo, que les compete este tema», mencionó.
Agregó que tal vez la posición tibia del ministro Mucho se debe a que está en curso la interpelación a la que será sometido en los próximos días en el Congreso.
Sin embargo, el experto aseguró que si bien la derogación del Decreto Legislativo 1607 toca la actividad minera, también entraría a tallar sectores como Ambiente, Interior, Cultura y la propia Presidencia del Consejo de Ministros. Por ello, pidió que el premier Gustavo Adrianzén también se pronuncie al respecto.
«No deben renunciar al tema de la formalidad. (El Gobierno) Tal vez debería dar mayores ayudas e incentivos para la formalidad y no dejarlo de lado», manifestó.
Hay que señalar que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresó su rechazo a la decisión del Congreso de la República de derogar el Decreto Legislativo 1607 que establecía un freno a la minería ilegal y fortalecía la formalización de la actividad.
«Es una decisión errónea, nefasta y que se ha olvidado de que detrás de esta actividad hay criminales. Esperamos que el Parlamento reflexione, que considere que se ha cometido un error y que corrija», indicó Víctor Gobitz, titular de la SNMPE, en conferencia de prensa.
Agregó que buscarán una reunión con el premier Gustavo Adrianzén y espera que el Ejecutivo observe la norma.
El rechazo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía a la norma respaldada en el Parlamento es compartida también por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Sociedad de Comercio Exterior (ComexPerú), Asociación de Gremios Productores Agrarios (AGAP), entre otros gremios.
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