Congreso: proponen reconocimiento facial obligatorio en bancos y billeteras digitales para frenar la extorsión
La congresista María del Carmen Alva presentó un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra las redes criminales y reforzar la seguridad del sistema financiero mediante la identificación biométrica obligatoria.
El Proyecto de Ley N.º 12984, presentado por la congresista María del Carmen Alva, plantea un conjunto de reformas para fortalecer la lucha contra la extorsión, el sicariato y los delitos financieros vinculados. La iniciativa propone sancionar con penas de hasta 25 años de prisión a quienes presten o cedan sus cuentas bancarias o billeteras digitales para la comisión de delitos.
Según el texto, esta práctica —conocida como el uso de “cuentas mula”— es una de las principales herramientas de las bandas criminales que operan en el país. “El que preste, arriende, ceda o permita el uso de su cuenta bancaria o billetera digital a otra persona, sabiendo que será utilizada para la comisión de delitos, será reprimido con pena privativa de libertad de diez (10) a quince (15) años”, señala el proyecto.
IDENTIFICACIÓN BIOFACIAL OBLIGATORIA
El documento también modifica la Ley General del Sistema Financiero para exigir que todas las entidades bancarias y financieras verifiquen la identidad de sus clientes mediante sistemas biométricos antes de abrir una cuenta o activar una billetera digital.
La medida busca prevenir fraudes, suplantaciones de identidad y operaciones ligadas al lavado de activos.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) tendrá un plazo máximo de 90 días para emitir el reglamento técnico que permitirá la interoperabilidad con el RENIEC y la Policía Nacional del Perú (PNP).
RÉGIMEN CERRADO ESPECIAL PARA EXTORSIONADORES Y SICARIOS
Otra de las modificaciones propone que los internos condenados por delitos de extorsión o sicariato vinculados a organizaciones criminales sean recluidos bajo el Régimen Cerrado Especial, que impone mayores controles y restricciones dentro de los penales.
Según la autora, esta medida busca evitar que los cabecillas criminales sigan operando desde las cárceles del país.
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
El proyecto también plantea la creación de una mesa técnica entre el Ministerio Público, la DIVIAC, el INPE, la SBS y el RENIEC, que deberá informar al Congreso sobre los avances en la aplicación de las nuevas medidas. Además, el Poder Ejecutivo deberá impulsar una campaña nacional de sensibilización para advertir a la ciudadanía sobre las consecuencias penales del préstamo de cuentas y el uso indebido de servicios financieros.
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