Congreso: SAC archiva dos denuncias constitucionales contra Dina Boluarte
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso archivó dos denuncias constitucionales presentadas contra la expresidenta Dina Boluarte durante la sesión ordinaria realizada el último martes 28 de abril. El grupo parlamentario concluyó que los casos no cumplían con los requisitos necesarios para sustentar una acusación constitucional ni evidenciaban infracciones claramente tipificadas.
PRIMERA DENUNCIA
La primera denuncia archivada fue la número 552, presentada por la congresista Ruth Luque, que también involucraba al expresidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y al exministro del Interior, Juan José Santibáñez. La acusación cuestionaba la observación de una autógrafa de ley vinculada a la detención preliminar y la promulgación de la Ley 32138, relacionada con la lucha contra el crimen organizado.
Según el informe técnico evaluado por la subcomisión, las acciones atribuidas a los denunciados formaban parte de atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo, por lo que no podían considerarse automáticamente como una infracción. Además, se indicó que cualquier discusión sobre la constitucionalidad o el impacto de estas normas corresponde ser revisada por el Tribunal Constitucional y no mediante un juicio político en el Congreso.
Tras el debate parlamentario, se archivó el caso con diez votos a favor, dos en contra y dos abstenciones. Los integrantes de la SAC también señalaron que la denuncia no detallaba de manera precisa responsabilidades individuales que permitieran sustentar una eventual sanción política o penal.
SEGUNDA DENUNCIA
El segundo caso fue la denuncia constitucional 622, impulsada por asociaciones de pescadores artesanales del Callao. En este expediente se acusaba a Boluarte, Adrianzén y otros exministros por la emisión del Decreto de Urgencia 004-2025, el cual, según los denunciantes, habría permitido desalojos de trabajadores del terminal norte multipropósito sin las garantías correspondientes.
Sin embargo, el informe técnico concluyó que la subcomisión no tiene facultades para emitir un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad de decretos de urgencia y que no se acreditó una actuación arbitraria o dolosa por parte del Ejecutivo.
La propuesta de archivo obtuvo nueve votos a favor, tres en contra y una abstención. Pese a ello, la SAC sí admitió parcialmente otra denuncia presentada por la Fiscalía relacionada con un presunto caso de negociación incompatible en el nombramiento de la presidenta ejecutiva de EsSalud.