Delia Espinoza cuestiona desactivación de equipos fiscales y advierte riesgo de impunidad
La fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza, reaccionó con severas críticas a la decisión del fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, de desactivar los equipos fiscales que investigaban casos emblemáticos como Odebrecht–Lava Jato, Cuellos Blancos del Puerto y las muertes ocurridas durante las protestas sociales. En conversación exclusiva con Latina Noticias, Espinoza sostuvo que la medida envía un mensaje político y personal que compromete la independencia del Ministerio Público.
Según Espinoza, la decisión de Gálvez no es neutra ni técnica. “Está dando un mensaje claro: ‘No te metas con mis amigos o con mis conocidos’”, afirmó. Recordó que diversas carpetas fiscales guardan relación con personas cercanas al fiscal interino, entre ellas el abogado José Luis Castillo Alba, a quien Gálvez ha reconocido públicamente como su amigo y defensor legal. “Ahí hay un clarísimo conflicto de intereses”, subrayó.
La exfiscal de la Nación también cuestionó que no se haya intervenido la Fiscalía Suprema que ve los casos de ‘Cuellos Blancos’. A su juicio, esto responde a una estrategia deliberada. “¿Por qué no ha tocado a la Fiscalía Suprema que ve los casos de ‘Cuellos Blancos’? Porque ha colocado allí a una fiscal suprema provisional que es de su absoluta confianza. ¿Para qué? Para que termine de archivar los casos que a él mismo lo están involucrando”, señaló.
¿JUSTIFICACIÓN TÉCNICA?
Espinoza rechazó además los argumentos utilizados para justificar la desactivación de los equipos especiales. Indicó que ha revisado cada una de las resoluciones emitidas y que en ninguna encontró sustento técnico válido. “No hay fundamentos que expongan cuánto de demora, cuánto de fracaso, cuánto de retraso, cuánto de peligro o riesgo sobre los casos. No se expone nada”, afirmó. En ese sentido, defendió el trabajo de los fiscales, especialmente en el caso Lava Jato, donde —recordó— se han obtenido sentencias históricas y avances significativos en la lucha contra la corrupción.
Consultada sobre quiénes se benefician con esta decisión, Espinoza fue directa. “Beneficia a cabezas de partidos políticos, a políticos involucrados en casos de lavado de activos, a abogados vinculados a la corrupción del poder y a familiares de personas investigadas”, indicó. Como ejemplo concreto, mencionó el caso de Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte, quien afronta investigaciones fiscales. También aludió a abogados relacionados con estos procesos que, según dijo, han tenido vínculos cercanos o han patrocinado a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.
Respecto al futuro de las investigaciones, Espinoza alertó sobre las consecuencias prácticas de la medida. Señaló que una de las resoluciones establece la “redistribución de la carga fiscal”, lo que implica trasladar los casos de un fiscal a otro. “Eso significa que un fiscal que ha tomado meses o años en conocer un caso tendrá que dejarlo para que otro empiece prácticamente de cero”, explicó. Para la exfiscal, este escenario generará retrasos inevitables.
“La demora es perjudicial para cualquier investigación. La demora es impunidad”, advirtió. Añadió que lo que reclaman las víctimas y la ciudadanía no es retroceso, sino rapidez y resultados concretos. “Si hay algo que están reclamando todas las víctimas es celeridad y resultados”, enfatizó.