Víctor Morales está prófugo de la justicia. Se le acusa de recibir dinero de autoridades de Huánuco a cambio de gestionar presupuesto para obras, que tramitaba la parlamentaria.
Ana Briceño
Unidad de Investigación
El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra Víctor Morales Chocano, esposo de la congresista Elizabeth Medina Hermosilla (Bloque Magisterial), por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos. Morales recibió esta sanción penal desde la clandestinidad, pues desde hace varios meses está prófugo de la justicia.
A Morales se le acusa de haber recibido dinero de algunas autoridades de Huánuco a cambio de gestionar, junto a su esposa, la congresista Medina, mayor presupuesto público para la ejecución de obras. El caso, que también involucra a la parlamentaria, no puede obtener alguna medida preventiva contra la congresista, debido a su inmunidad parlamentaria.
El exalcalde de la Municipalidad de Molino, en Huánuco, Jean Sumarán Lino, le entregó a Morales, S/272 mil a cambio de que se priorice en la Ley de Presupuesto, para el 2022, mayores recursos para la construcción de pistas y veredas, en Huánuco, región que eligió a Medina como congresista. La entrega de dinero se hizo a través de un intermediario. La congresista habría usado su cargo para realizar las gestiones para el aumento de presupuesto.
El dinero entregado a Morales habría sido financiado por los empresarios Jhon Aquino, familiar del exalcalde, Cesar Orizano y Javier Salazar, quienes ganaron la buena pro para la ejecución de las obras, a través del Consorcio Vial Molino.
El fiscal Ítalo Espinoza, del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (EFICOP) estableció, luego de una serie de indagaciones e interrogatorios, que, con el dinero obtenido ilegalmente, el prófugo, Víctor Morales y la congresista Medina, habrían adquirido, en febrero del 2022, una camioneta Toyota Modelo Hilux, rojo metálico, de placa W6Z-755 al precio de USD 39.100 dólares. Para el Ministerio Público, esta compra constituye el delito de lavado de activos.
El Poder Judicial también dictó comparecencia con restricciones al investigado Marco Palacios Adauto, quién habría sido funcionario de la Municipalidad de Molino y miembro del comité que eligió al cuestionado consorcio.
En el marco de estas indagaciones, el Ministerio Público aún está a la espera de que el Poder Judicial apruebe el levantamiento del secreto de las comunicaciones a la congresista Medina para continuar con las investigaciones.
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