Equipo especial FBI-PNP también investigará casos de corrupción y lavado de activos en el Perú
Por Hernán P. Floríndez
Unidad de Investigación de Latina Noticias
Aunque recién se haya anunciado durante la gestión de Keiko Fujimori, la alianza del FBI y la PNP se firmó el pasado cinco de junio de 2026, durante los últimos meses del gobierno encabezado por José María Balcázar.
El documento, al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Latina Noticias, revela un dato que no fue destacado en la ceremonia de firma ni en los comunicados oficiales entre ambas partes: el nuevo equipo binacional no sólo perseguirá al crimen organizado, el narcotráfico o la extorsión, sino que ha sido instalado en el país también para perseguir casos de corrupción y lavado de activos.
Si bien este nuevo equipo policial fue presentado públicamente como un mecanismo de cooperación contra homicidios, tráfico de drogas, y bandas como el Tren de Aragua, el “Memorándum de Cooperación entre la Policía Nacional del Perú y el Buró Federal de Investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América” detalla que además de esos crímenes, también intervendrá en casos de lavado de activos, corrupción pública, secuestros y contra personas con orden de captura.
El documento denomina al equipo binacional como “Equipo Especial Sensitivo”, y para que policías nacionales lo integren deberán pasar por un proceso de verificación de antecedentes —siendo descartado cualquier miembro con “referencias relacionados a violación a los derechos humanos”—, así como por continuos exámenes de polígrafo administrado por el FBI, u otra agencia estadounidense autorizada. Los efectivos seleccionados deberán permanecer en el equipo un mínimo de 36 meses para garantizar la continuidad de las investigaciones.
Según el marco de cooperación, el FBI asignará un agregado jurídico adjunto y un especialista administrativo de forma permanente. Además de gestionar la entrega de equipamiento tecnológico. Por otro lado, el “Equipo Especial Sensitivo” no podrá ser capacitado, financiado o recibir apoyo por parte de ningún otro Gobierno. Finalmente, el documento precisa que esta cooperación no constituye una transferencia de fondos.