“Esta es una denuncia para amedrentar”: Roberto Pereira sobre la acusación de Santiváñez contra periodistas de Punto Final
La denuncia penal del exministro del Interior y actual funcionario del Despacho Presidencial, Juan José Santiváñez, contra periodistas de Punto Final ha encendido la alarma sobre un nuevo intento de amedrentamiento contra la prensa. Santiváñez acusa al equipo de “marcaje y reglaje” para facilitar extorsiones tras la difusión de un reportaje que reveló sus constantes reuniones con ministros, congresistas y altos mandos policiales en Palacio de Gobierno. La presidenta Dina Boluarte, por su parte, ha evitado pronunciarse sobre este ataque directo a la libertad de prensa.
El abogado penalista Roberto Pereira calificó la denuncia de “absolutamente descabellada” desde el punto de vista técnico y jurídico.
“El delito imputado es un acto preparatorio para homicidio o extorsión gravísimos, pero no se aporta ni una sola prueba. Además, la cobertura sobre un funcionario público en espacios públicos está protegida por la libertad de información”, señaló. Pereira resaltó que el reportaje tiene un altísimo nivel de interés público.
Para Pereira, la denuncia no solo carece de sustento legal, sino que tiene un claro objetivo político: intimidar a los medios. “Es una denuncia para generar autocensura. El mensaje es: ‘no te metas conmigo ni con los temas vinculados al gobierno’, advirtió. El abogado también criticó la rapidez con la que la Fiscalía abrió investigación preliminar en menos de 24 horas, pese a la evidente carencia de pruebas.
“Es preocupante que el Ministerio Público le dé eco a esta denuncia inverosímil”, afirmó Pereira. Además, cuestionó que la fiscalía no haya siquiera solicitado el video original del reportaje ni evidencia de las supuestas llamadas extorsivas. “Se abre investigación sin elementos mínimos. Y aunque la fiscal decidió tratar a los periodistas como testigos y no imputados, eso igual vulnera la libertad de información porque los obligará a revelar fuentes y métodos de trabajo”, explicó.
DINA NO RESPONDE
El abogado también fue tajante respecto al silencio del Ejecutivo. “El Gobierno no puede quedar callado, ni lavarse las manos ante una denuncia tan grave contra un equipo periodístico de un medio de comunicación. Lo que ha hecho la señora presidenta es evidenciar su falta de liderazgo porque ha tenido que rechazar o respaldarlo abiertamente, pero ha sido absolutamente tibia”, enfatizó Pereira.
En su análisis, Pereira destacó que la denuncia no solo apunta contra los periodistas mencionados, sino que envía un mensaje amenazante a todo el periodismo de investigación. “Es un intento de advertir: ‘miren lo que les puede pasar si me investigan’. Este es el tipo de prácticas que erosionan el sistema democrático y convierten al derecho penal en un instrumento de persecución política”, concluyó.
SOBRE EL REPORTAJE
El reportaje en cuestión mostró imágenes de Santiváñez trasladándose en espacios públicos, documentando su papel como uno de los funcionarios más influyentes del gobierno actual. Sin embargo, el exministro denunció penalmente a Mónica Delta, Juan Subauste, Carlos Hidalgo y Jorge Ramírez, asegurando —sin pruebas— que el material fue grabado sin su consentimiento y entregado a una supuesta banda criminal para extorsionarlo. La denuncia contempla penas de hasta seis años de prisión, pese a que no presenta evidencia de ningún chantaje.