Juan José Santiváñez denuncia a periodistas para intimidar y silenciar investigaciones
El exministro del Interior y actual funcionario del Despacho Presidencial, Juan José Santiváñez, ha presentado una denuncia penal contra periodistas de Punto Final y Latina Televisión, acusándolos de “marcaje y reglaje” para facilitar extorsiones. La acción busca frenar la difusión de un reportaje que mostró sus constantes reuniones con ministros, congresistas y altos mandos policiales en su oficina de Palacio de Gobierno.
La denuncia fue ingresada el 3 de julio en la Fiscalía de La Molina, y sorprendentemente en menos de 24 horas se abrió investigación preliminar por 60 días. Pero no por agravio directo a Santiváñez, sino “en agravio del Ministerio del Interior”, generando más interrogantes sobre el uso del aparato estatal para intimidar a la prensa crítica.
¿Por qué el funcionario que ejerce su labor muy de cerca de la presidenta Dina Boluarte ha reaccionado así? ¿A qué le teme?
REPORTAJE PUNTO FINAL
En el cuestionado reportaje, Punto Final reveló con imágenes y documentos cómo Santiváñez mantiene prerrogativas de exministro como vehículo oficial y resguardo policial. El equipo periodístico aclara que en el reportaje en cuestión se muestran imágenes de Santiváñez movilizándose un día cualquiera como el miércoles 11 de junio por la mañana, nunca se mostró la dirección de su domicilio ni datos privados.
Sin embargo, Santiváñez sostiene en su denuncia que el reportaje facilitó información para extorsionadores. Lo paradójico es que no presentó una sola prueba: no mostró números telefónicos, fechas de llamadas, ni evidencias de extorsión.
GREMIOS Y ENTIDADES SE PRONUNCIAN
El gremio periodístico reaccionó con firmeza. El director de El Comercio, Juan Aurelio Arévalo Miroquesada, calificó la denuncia de intento de intimidación: “Esto representa un ataque al ejercicio del periodismo”. Walter Gutiérrez, exdefensor del Pueblo, advirtió que es un “uso abusivo del derecho penal como arma para silenciar a la prensa”.
Para Roberto Pereyra, director de IPYS, la denuncia es “temeraria y grave”: acusa a periodistas de preparar delitos graves sin ningún sustento. “Claramente es un trabajo periodístico legítimo. No hay ningún elemento que sustente la imputación de que facilitaron información a extorsionadores”, explicó.
Santiváñez, en su cuenta de X, incluso se contradijo. Aseguró falsamente que se expuso a su familia y a oficiales de inteligencia que le brindan seguridad. Sin embargo, esos agentes son los mismos que lo escoltaban cuando era ministro y ya aparecían en cámaras. Exministros como Carlos Basombrío denunciaron que su escolta es irregular y fuera de la ley.
El silencio del Ejecutivo también fue criticado. “Un funcionario que se atreve a hacer una denuncia sin pies ni cabeza debería ser removido”, dijo Arévalo Miroquesada. Para los expertos, el respaldo tácito a esta acción configura un “silencio cómplice” del gobierno de Dina Boluarte.
¿POR QUÉ EL MININTER ESTÁ INVOLUCRADO?
La Fiscalía de La Molina ha decidido abrir investigación preliminar por 60 días, no por agravio a Santiváñez, sino al Ministerio del Interior. La pregunta es ¿qué relación tiene el Mininter en este caso? Ya que, según lo expresado por el ex titular de esta cartera, el supuesto reglaje lo facilitaba a él como punto de extorsión. Lo cierto es que desde el gobierno nadie ha querido opinar en contra de la denuncia que representa un grave ataque al ejercicio de la prensa.
Esta denuncia penal no solo busca intimidar a un medio y sus periodistas. Es un grave precedente contra la libertad de prensa, alertan los gremios. Porque el periodismo tiene la tarea de investigar, incomodar y mostrar lo que el poder quiere ocultar. Y el derecho a saber no es solo de la prensa: es un derecho de todos.