Punto Final reveló los recibos de la supuestas asesorías que habría efectuado Nicanor Boluarte, hermano de la Presidenta de la República.
Nicanor Boluarte, un nombre que resuena con un eco peculiar en los pasillos del poder, es más que una simple figura en el entramado político y social del país. Hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte, su presencia no pasa desapercibida en el círculo palaciego. Sin embargo, su ascendencia en estos ámbitos no es meramente por su linaje familiar, sino por sus acciones y conexiones, algunas de las cuales han sido objeto de intensa especulación y escrutinio.
El escenario se teje con hilos de intrigas y complicidades. Se le ha vinculado estrechamente a diversas tramas políticas, incluida la que culminó con la destitución de Alberto Otárola de la presidencia del Consejo de Ministros. Las sombras se alargan sobre sus reuniones, amistades y presuntos vínculos con autoridades locales. La semana pasada, una investigación periodística reveló pagos significativos que una ONG, con múltiples convenios estatales y privados, le hizo el año anterior, sumando un total de 45 mil soles.
Uno de los episodios más recientes en el escrutinio público ha sido su presunta asesoría al exalcalde de Urubamba, Luis Alberto Valcárcel Villegas. Valcárcel, quien enfrentó un proceso de vacancia impulsado por acusaciones de nepotismo y direccionamiento de contratos a familiares, encontró en Boluarte un respaldo legal. Sin embargo, este respaldo fue enmascarado bajo la intermediación de un tercero, el abogado José Manuel Villalobos.
La opacidad en torno a esta relación legal plantea interrogantes intrigantes. ¿Por qué Boluarte optó por mantenerse en la sombra y no figurar como el abogado principal en el proceso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Cuál fue el alcance real de la asesoría brindada al exalcalde Valcárcel? Las conexiones familiares, en este caso, añaden un matiz adicional de complejidad, especialmente considerando el ascenso político de su hermana, Dina Boluarte, quien para entonces ya ocupaba cargos de alta relevancia en el Gobierno.
La trama se enreda aún más al descubrir que no hay registros de contratos de asesoría legal entre Boluarte y la municipalidad de Urubamba, ni con recursos públicos ni privados. La falta de transparencia alimenta la especulación y la sospecha. ¿Cómo se financió realmente esta asesoría? ¿Qué motivó al exalcalde Valcárcel a buscar la intervención de Boluarte en un momento crucial de su gestión municipal?
El telón de fondo se completa con la revelación de los pagos de la ONG «Las Manos que Ayudan de Corazón» a Boluarte, así como la reluctancia de importantes actores, como la empresa Huawei, a hacer comentarios al respecto. Las respuestas esquivas y las conexiones entrelazadas solo sirven para alimentar la creciente curiosidad pública sobre las actividades y la influencia de Nicanor Boluarte.
En este juego de poder y opacidad, cada nueva revelación agrega capas a un misterio que aún está lejos de resolverse por completo. La sombra de Boluarte se alarga sobre los pasillos del poder, mientras la sociedad ansía respuestas y claridad sobre el verdadero alcance de su influencia y sus actividades.
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