Fiscalía dividida: Espinoza vs. Benavides en pugna institucional sin precedentes
El noveno piso del Ministerio Público se ha convertido en el epicentro de una crisis institucional inédita. La disputa entre Patricia Benavides y Delia Espinoza ha polarizado a fiscales, abogados y al país entero, sumando incertidumbre a una institución clave en la lucha contra el crimen.
El conflicto se desató tras una resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que, el 9 de junio, restituyó a Benavides en el cargo de fiscal de la Nación y fiscal suprema, anulando su destitución previa por supuesta vulneración al debido proceso.
Días después, el lunes 16 de junio, Benavides ingresó a la sede principal del Ministerio Público acompañada de su abogado Juan Peña. Sin embargo, fue denunciada penalmente por usurpación de funciones y perturbación del orden público. La actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, pidió su suspensión por 36 meses.
¿FALLO INVÁLIDO?
Desde el Ministerio Público se alega que la resolución de la JNJ es inejecutable porque no contó con unanimidad. Francisco Távara, miembro de la junta, no participó de la votación. La defensa de Benavides, en cambio, sostiene que bastaban cinco votos y que Espinoza debe acatar la decisión o enfrentar sanciones.
Ahora, mientras Espinoza defiende su legitimidad, el Congreso se ha convertido en un nuevo campo de batalla. Se han presentado denuncias constitucionales tanto contra ella como contra los miembros de la JNJ. Otros legisladores piden una reestructuración total del Ministerio Público.
Expertos constitucionalistas como Ernesto Álvarez y Beatriz Ramírez coinciden en que la situación refleja un grave deterioro institucional. La legalidad se ha visto comprometida y la incertidumbre jurídica crece.
Por ahora, la JNJ mantiene su postura: Patricia Benavides debe ser restituida. Pero Delia Espinoza no cede, y el desenlace aún es incierto. El Ministerio Público, mientras tanto, permanece en vilo.