Fiscalía presenta acusación contra congresista José Balcázar por presunta apropiación ilícita

El congresista José María Balcázar, perteneciente a la bancada Perú Bicentenario, enfrenta un proceso judicial por presunta apropiación ilícita en agravio del Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL), hecho que fue expuesto en su momento por el dominical Punto Final.

En tal sentido, pese a los intentos del legislador por archivar el caso, el Ministerio Público presentó una acusación solicitando un año de pena suspendida y una reparación civil de S/348,344.90 a favor del ICAL.

Según el diario El Comercio, en la acusación presentada el 8 de noviembre del 2023 por la fiscal provincial Dora Carola Hidalgo Rodríguez, se detalla que Balcázar se habría apropiado de los ingresos del ICAL durante su gestión como decano en el 2019. Según la imputación, el congresista no bancarizó los ingresos económicos, incumpliendo la obligación de depositarlos diariamente en la cuenta del colegio.

La investigación revela deficiencias en la gestión de ingresos y gastos financieros durante la administración de Balcázar. Además, se le acusa de dirigir fondos provenientes de las ganancias del ICAL a sus cuentas bancarias personales. Los informes periciales señalan un saldo faltante de S/1,446,022.32 en la caja central del ICAL durante los años 2019-2020, bajo la gestión de Balcázar.

La acusación ahora está en manos del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, a cargo de la jueza Sara Vera Zuloeta. La jueza deberá fijar una fecha para el análisis y debate del caso contra el presidente de la Comisión de Educación del Parlamento.

José Balcázar no solo enfrenta la acusación fiscal, sino que también ha intentado apartar a la jueza Sara Vera Zuloeta del caso mediante una recusación. Alega vulneración de imparcialidad y derecho al debido proceso, argumentando que la magistrada obligó al Ministerio Público a presentar la acusación. La jueza ha rechazado estos señalamientos y dispuso elevar la recusación a una sala de apelaciones para su evaluación.

“Se puede advertir cómo me vulnera derechos fundamentales, prejuzga y obliga al Ministerio Público a que me acuse y lo ha logrado, utilizando indebidamente su judicatura”, se lee en el documento que accedió El Comercio.

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