Defensa del jefe de la Diviac señaló que su patrocinado ha recibido el respaldo de la Policía tras el operativo 'Valkiria V'.
Por: Manuel Arselles | X: @marselles91
El coronel de la PNP Harvey Colchado, jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), no pedirá garantías a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque recibió el respaldo de la comandancia general de su institución, tras el trabajo en conjunto con el Equipo Especial de fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) , según su abogado Estefano Miranda.
«En ningún momento hemos definido acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque mi cliente ha recibido el respaldo de la Policía Nacional y de su comandante general«, sostuvo a Latina Noticias Digital. Asimismo, explicó que el trabajo policial busca coadyuvar las investigaciones que efectúa el Ministerio Público (MP) a fin de restringir los derechos fundamentales con la convalidación del Poder Judicial. «La Policía no tiene un poder de decisión porque la investigación está a cargo de la Fiscalía«, dijo.
Continuó detallando que su patrocinado no ha recibido amenazas tras el operativo ‘Valquiria V’, que terminó con la detención preliminar de los tres asesores de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La postura del Eficcop revela que la titular de esta entidad lideraría una red criminal que involucra, además, a 37 congresistas para ubicar a sus personajes claves en la Defensoría del Pueblo y en la Junta Nacional de Justicia.
«Analizo el actuar de los fiscales y puedo decir que acuden a nombre propio a la Corte Interamericana de Derechos Humano, con la finalidad de cautelar su derecho al trabajo, de manera preliminar y preventivo. No lo hacen como órgano del Ministerio Público, sino como Marita Barreto, o como la persona independiente«, sostuvo.
La Operación «Valkiria V» es un megaoperativo llevado a cabo por el equipo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop). Estas autoridades buscan desentrañar una presunta organización criminal enquistada en la alta dirección del Ministerio Público.
En el marco de estas diligencias, se ha desplegado un contingente de 70 agentes policiales y 6 fiscales para realizar intervenciones en diversos inmuebles ubicados en los distritos de La Molina, Jesús María, El Agustino y el Cercado de Lima.
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