La Comisión de Constitución dio luz verde a un dictamen que permitiría que los futuros congresistas no puedan ser arrestados ni procesados, sin autorización previa. Una medida que, según expertos, solo beneficia a los propios legisladores.
La Comisión de Constitución del Congreso aprobó este martes, con 15 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, un dictamen que plantea restituir la inmunidad parlamentaria para todos los legisladores. De aprobarse en el Pleno, esta protección aplicaría para los senadores y diputados elegidos en las elecciones generales de 2026, impidiendo que sean procesados o arrestados sin previa autorización del Congreso, salvo en caso de delito flagrante.
Latina Noticias conversó con la abogada constitucionalista Beatriz Ramírez, quien advirtió que esta iniciativa implicaría otorgar una protección adicional a los parlamentarios, más allá de las garantías que ya poseen actualmente. “Hoy ya tienen una prerrogativa llamada antejuicio, que los protege por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Incluso cinco años después de dejar el cargo”, explicó.
La diferencia, subraya la especialista, es que esta nueva propuesta busca blindarlos también frente a delitos comunes, es decir, aquellos que no tienen relación con su función congresal. “Lo que quieren ahora es que tampoco puedan ser arrestados ni procesados si, por ejemplo, matan o roban a alguien”, alertó Ramírez.
Actualmente, el antejuicio requiere que el Congreso autorice a la Fiscalía para investigar a un parlamentario por actos vinculados a su trabajo legislativo. Esta figura no ha sido eliminada. Lo que se pretende es sumar dos nuevas protecciones: una inmunidad frente a arrestos y otra frente a procesos judiciales por cualquier delito común.
Ramírez considera que, aunque la norma se justifica como una medida para proteger la función congresal, en la práctica beneficiaría exclusivamente a quienes ocupan una curul. “Es evidente que quienes impulsan esta reforma buscan blindarse a sí mismos”, aseguró.
El dictamen aprobado modifica el artículo 93 de la Constitución y revive un debate que ya se creía cerrado. De hecho, la inmunidad parlamentaria fue duramente cuestionada en años anteriores, luego de ser utilizada como escudo por legisladores implicados en casos de corrupción u otros delitos.
La abogada insistió en la necesidad de explicar con claridad a la ciudadanía en qué consiste esta propuesta. “La población debe saber que esto no es una garantía para fortalecer el Congreso, sino un intento de algunos parlamentarios por evitar que la justicia los alcance”, concluyó.
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