Los abogados Abraham Siles y Mónica Rosell serían los llamados a ocupar las vacantes dejadas en la Junta Nacional de Justicia.
Ayer, el Congreso de la República decidió inhabilitar por 10 años de la función pública a dos de los siete magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por presunta infracción constitucional. Se tratan de Inés Tello de Ñecco y Aldo Vásquez.
En el caso de Tello se registró 67 votos a favor, 23 en contra y dos abstenciones. Por su parte, Vásquez fue sancionado con 67 votos, 22 en contra y 1 abstención.
Los demás integrantes actuales de la JNJ, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thorndike e Imelda Tumialán, lograron salvarse al no conseguirse el respaldo necesario. Un caso aparte es el de José Ávila, quien ya no es parte de la entidad, pero igual fue sometido a un proceso de inhabilitación que no se aprobó.
Tras darse las vacancias de Tello y Vásquez, el artículo 9 de la Ley Orgánica de la JNJ indica que los miembros suplentes deberían asumir sus puestos. De acuerdo al cuadro de méritos del concurso público desarrollado en el 2019, los abogados Abraham Siles y Mónica Rosell serían los elegidos.
Hace cinco años, Siles y Rosell obtuvieron puntajes finales de 79.90 y 79.00, respectivamente, como resultado de las evaluaciones a los que fueron sometidos para entrar a la JNJ. Quedaron como segundo y tercer suplente. No obstante, esta situación cambió por recientes hechos.
En febrero pasado, el Tribunal Constitucional decidió declarar fundado un recurso de Marco Falconí para ser repuesto como parte de la JNJ. Al darse esto es que Guillermo Thornberry dejó de ser miembro titular de la junta porque en el cuadro de méritos del concurso especial terminó en el octavo puesto.
Sin embargo, Thornberry aprovechó que José Ávila renunció a raíz de las declaraciones de Jaime Villanueva ante el Ministerio Público. De esa forma, volvió entrar a la JNJ y allanó el camino a Abraham Siles y Mónica Rosell.
Abraham Siles Vallejos es abogado y bachiller en humanidades según el registro de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Además, tiene una maestría y doctorado en Derecho.
Actualmente, Siles trabaja como profesor ordinario de posgrado y pregrado de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). En paralelo, también es coordinador del Grupo de Investigación en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales (GIDCYDEF) e integra el Consejo Consultivo de Investigación del Vicerrectorado de Investigación de la citada casa de estudios.
En su hoja de vida destaca que hizo una pasantía en el Instituto Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law de Alemania en el 2017.
Siles cuenta con una interesante producción académica ya que tiene artículos titulados como «La debacle del Consejo Nacional de la Magistratura y su reemplazo por la Junta Nacional de Justicia: una primera aproximación al diseño constitucional«.
Precisamente, el abogado fue consultado sobre cuál debería ser el rol de la JNJ cuando fue entrevistado por la comisión especial. Al respecto, respondió que «la Junta Nacional de Justicia tiene una enorme relevancia, porque es un órgano de garantía del Poder Judicial y del Ministerio Público y, a la vez, es un órgano para el gobierno autónomo de estas instituciones”.
Según Infogob, Siles no ha tenido vínculo con algún partido político. De otro lado, el registro de proveedores del Estado revela que ofreció una consultoría en «asistencia técnica en la conformación u funcionamiento de la mesa técnica-política para la gestión articulada de la certificación de competencias en el sector justicia» al Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) por S/. 30,000.00 en el 2019.
Mónica Rosell es también abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene una maestría en Derecho Comercial Internacional por la Universidad de Londres. En su hoja de vida registra estudios pre-doctorales e internacionales en el Max Plank Institut de Hamburgo (Alemania) y el Instituto Internacional de Derecho para el Desarrollo de Roma (Italia).
Rosell es candidata a Doctor por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con una certificación en Propiedad Intelectual por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el Centro Internacional de Estudios Internacionales de Estrasburgo (Francia).
Actualmente, la futura integrante de la JNJ trabaja como docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Academia Diplomática. Anteriormente ha sido consultora en entidades públicas como los ministerios de Ambiente y Producción, así como la Corporación Andina de Fomento y del Organismo Andino de Salud.
Rosell se desempeñó como secretaria del Tribunal de Justicia y jefa del Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Igualmente, fue jefa de la Oficina de Derecho Internacional Público del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En su entrevista como postulante para entrar a la JNJ, la abogada respondió «la Junta Nacional de Justicia supone una esperanza». «Si hemos ingresado a este proceso de reforma y cambio institucional es porque hay esperanza y expectativa ciudadana de que la Junta Nacional de Justicia se convierta en un instrumento que pueda servir a la lucha contra la corrupción», anotó.
Rosell fue consultada por una denuncia de una vinculación que tuvo con la ex primera dama Nadine Heredia, quien la habría favorecido con algunos cargos. Sobre ello, la abogada refirió que accedió a tales puestos por concurso público y que no había prueba alguna de un nexo con la esposa del expresidente Ollanta Humala.
Al igual que Siles, la futura integrante de la JNJ no ha tenido afiliación política y entre el 2008 al 2022 registra órdenes de servicio por S/ 260,380 a instituciones públicas como los ministerios de Ambiente y Relaciones Exteriores.
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